Por John AcostaJuan Carlos Muñiz Pacheco, presidente de Findeter,
junto al rector Rober Romero
A principios de diciembre de 2024, el Ministerio de Educación Nacional informó que el Gobierno nacional invertirá 1,4 billones en 87 proyectos de infraestructura para universidades públicas en los territorios. De esos recursos, destinan a la Financiera de Desarrollo Territorial S.A. (Findeter) “una plata para la Universidad Popular del Cesar (UPC). Enseguida, el señor Robert Romero se empieza a mover para que la plata no quede en Findeter, sino que esta entidad se la mande a la UPC y ejecutar él a su antojo. Eso era lo que él quería, que la plata se la mandaran a él y él ejecutarla. Entonces, empieza a hacerle lobby al gerente de Findeter”, expresó Katia Milena Ospino Acevedo en diálogo con el Semanario La Calle.
Las alertas sobre la UPC que informó el secretario de Transparencia
El secretario de Transparencia de la Presidencia de la República de Colombia, Andrés Idárraga Franco, estuvo en Valledupar a principios de agosto y, en rueda de prensa realizada en la sede de Emdupar, denunció que su despacho “ha venido recibiendo una serie de alertas asociadas a los manejos de la UPC que nos preocupan. Esas alertas han venido llegando en los últimos cuatro meses más o menos y han venido siendo analizadas con mucho rigor. De allí que al día de hoy hayamos trasladado al ministerio de Educación, fundamentalmente al señor ministro Daniel Rojas para que considere la posibilidad de iniciar un proceso de intervención, si así lo amerita”
Las alertas tienen que ver con “con nombramientos sin algunos requisitos. Son temas que estamos verificando”. Además, Andrés Idárraga dijo que “tenemos uno asuntos que están asociados a la no publicación de los siguientes contratos, violando las normas de transparencias: descubrimos 169 contratos y órdenes contractuales celebradas con recursos de la nación por parte de la UPC, que es lo que nos parece más preocupante. En primer lugar, con lo que tiene que ver con las sedes de Valledupar y de Aguachica, donde en los 169 contratos, al parecer, se omitió el cumplimiento de principios de publicidad y transparencia en 161 convocatorias”.