De espaldas a la historia: el caso de Uniautónoma del Caribe

Antonio Donado, docente de la Universidad
Autónoma del Caribe

Por Antonio Donado Tolosa, docente- investigador

El caso de nuestra Universidad Autónoma del Caribe contiene documentos, datos y experiencias imprescindibles para quien quiera estudiar la historia de la Educación Superior en Colombia, dándole relevancia a lo que ha ocurrido en la Región Caribe en la rama privada universitaria. Somos ejemplos de estilos de gobernanza que ponen al descubierto una y otras de las falacias de la ley 30 (1992) que ingenua y ciega cree que las universidades privadas, y en algunos casos de públicas, estas con un déficit que ronda 450 mil millones de pesos,  son administradas según el principio de reinversión de los fondos excedentarios en el fortalecimiento de la calidad académica, desde la docencia hasta la extensión, con prioridad en investigación y la cualificación docente.

Las universidades privadas no son empresas privadas donde es legal repartir las ganancias entre los socios. Las universidades privadas, por ventajas tributarias, donaciones y otros privilegios pueden llegar a tasas de rendimientos comparativamente superiores, por cada peso, a las  ganancias de las empresas privadas. Bien administradas son inversiones muy lucrativas.

¿Cómo? mediante una ingeniería contable de vasos comunicantes que hacen invisibles las ganancias que terminan en las cuentas de la familia fundadora, incluidas las comunidades religiosas que tiene el control (no detentan títulos de propiedadad)  según lo determinó de la Ley de universidades), en una proporción mayor que el dinero cuyo destino legal es la reinversión en los objetivos naturales de toda universidad. Existen valiosa excepciones, como la Universidad del Norte, en Barranquilla; Los Andes, en Bogotá, y otras que construyeron siguiendo el modelo de las primeras.

¿Qué explicaría esta diferencia? Tienen una estructura organizativa donde los miembros de la Sala general o en su defecto el Consejo Superior son los administradores y velan por la estabilidad financiera y económica de su respectiva universidad. Administran según los principios de una relación positiva entre costos y beneficios, incremento de la productividad, que saben depende de que cada cargo corresponda a una necesidad técnicamente identificada y sea ocupado por personas idóneas. Así previenen que ocurra una nómina abultada artificialmente.

Todo lo anterior nos entrega otra lección. Las universidades privadas son muy vulnerables en lo financiero; cambios en la tendencia demográfica o en las políticas de desarrollo de los gobiernos inciden directamente en las matrículas y otras fuentes de financiación.

El caso de La Universidad Autónoma del Caribe: no es privada

La primera conclusión es la que la Autónoma no es una universidad privada, no solo porque esté intervenida y con  el traje de fuerza que significan las Medidas de Salvamento derivadas de la Ley 1740, expedida a propósito de la situación de la Autónoma, la San Martín y otras 30 universidades que están intervenidas. La causa está en la distorsión que esas universidades hacen de otra falacia, la de la Autonomía universitaria,  que el mismo Estado sabotea con la vigilancia y supervisión que se propone para garantizar la calidad del servicio de Educación superior, lo que en el fondo es otra falacia. Se experimenta con la intervención de órganos semipúblicos con la potestad para decidir si un programa es aprobado, acción que no tarda en ser infectada por la entrada en sacos de los  políticos.

El mundo universitario está viciado por la visión que el Estado colombiano  tiene de la Educación superior y que las universidades no corrige, sino que acomodan las falencias legales a sus intereses, que si son en beneficio de fines lucrativos terminan en el derrumbe moral y académico de las falsas universidades.

¿Qué somos? Somos herederos de estas trapisondas estimuladas por los vacíos y contradicciones de las mismas leyes. Vivimos una tragedia original que la señora que vino del Sur supo aprovechar, y el diplomático que vino de oriente las utilizó para saquear a la universidad y así cumplir sus sueños de jeque petrolero, palacios y barcos de orgías. Ellos huyeron dejándonos una universidad en cuidados intensivos.

Es una tragedia de la que quizás no podamos salvarnos. Nos hace falta el optimismo y creer en la utopía que encierra todo proyecto educativo, más el de una universidad. Corresponde al rector y su anillo burocrático de primera línea convertir esa utopía en antorchas que guíen los esfuerzos de todos en la búsqueda de soluciones, sueño  imposible sin un acuerdo en torno a la salvación de la universidad. Todo lo contrario, padecemos una epidemia que paraliza la nervadura creativa y el pensamiento crítico.Cada estamento tiene consciente o inconscientemente aspiraciones que no se atreven a exponer, porque en el fondo las anima un pernicioso egoísmo, algo así de "agarrando aunque sea fallo".

Sin ideario racional: en espera del salvador filántropo

La segunda conclusión es más dramática: la Autónoma no encontrará una fórmula que la saque del hueco de deudas impagables, pérdidas patrimoniales, derrumbe de las estructuras físicas de edificios, laboratorios y equipos modernos para la investigación científica, que no tiene que soñar con un premio Nobel, puede ser modesta, pero sería, orientada a las ciencias básicas ( de esto sabe el rector que ha estudiado la Filosofía de las ciencias y la historia de sus apoteósis y fracasos).

Andamos a ciegas por falta de un ideario racional y científico de lo que debe ser una universidad. Son razones, condiciones imperativas para la recuperación del prestigio y confianza de los padres y estudiantes de nuestro  nicho de mercado. Acerca de esta limitación estructural, corren voces de quienes creen que existen inversionistas privados que se le medirían al tamaño de la quiebra técnica en la que sobrevive la Autónoma. En todo caso, si contra todo pronóstico, apareciera tal filántropo, la propuesta debe ser sometida al escrutinio de la comunidad universitaria, sus trabajadores, docentes y las instancias administrativas que detentan una autoridad disfuncional pero con soporte legal.

Estatización, sin fueros personales

Excepto la salida que nos ofrece la estatización en la que trabaja el señor rector, Jorge Senior, que empezamos a debatir hace 8 años en la Asociación de profesores, que me honra presidir. Otra causa de las amenazas de ayer  que hoy son realidades complejas, es la desorientación mental que se detecta en los rectores de esta  Era de crisis, de convertir la Universidad en propiedad personal para sí y sus mosqueteros. Esto constituye una aspiración antinatural, la primera barrera, antes de la legal, la constituye la oposición que han presentado de una u otra forma las organizaciones de trabajadores;  pero estás deben aceptar que no pueden actuar atribuyéndose la propiedad de la universidad. De esta enfermedad creo que el señor Jorge Sénior está vacunado, en cuanto al credo ético que predica y a sus declaraciones recientes de que él aspira es llevar a un final feliz la propuesta de estatización en la que está comprometido y regresar  a su sillón de lectura.

¿Qué han hecho los rectores que sucedieron a la encarnación del mal y origen de la catástrofe? Casi nada, nada por arriba, nada por debajo. Quizás por debajo de la mesa sí, sobredimensionaron la nómina para complacer a sus padrinos políticos, construyendo una burocracia que carece de idoneidad, pero muy sobresaliente en la lisonja gratuita y en fidelidades humillantes. A Sénior hay que reconocerle que ha estado a salvo de esta concepción del poder.

¿Qué han hecho los sindicatos? Se convirtieron en protección de la estabilidad laboral, incluso de algunos que no la merecen. Se han reducido a la mínima expresión de sus funciones en la defensa de estabilidad laboral y atrapar concesiones económicas. Tal vez no tienen opción. La falta de visión de las administraciones, incluida la de Sénior,que han sido incapaces de ver el valor potencial que encierran los sindicatos como fuerzas de la reconstrucción, tal vez por prejuicios que les hace temer, en lugar de planificar un derrotero contando con los recursos intelectuales, científicos y experienciales de quienes encontraron protección en el derecho de asociación sindical.

No es extraño, entonces, que sus directivos reprodujeran las prácticas y modales del sindicalismo tradicional colombiano. Hubo casos de abusos de las cuotas sindicales, estipulando mensualidades de hasta un millón para retribuir el agobiante trabajo físico, mental y emocional que realizaban sus directivos. La historia es un cuadro de disparidades y antagonismos, por ello encontramos sindicatos más comprometidos y ocupados en detener las mala prácticas administrativas, frente a otros, pero en todos existe la identidad sindical como medio para garantizar el fuero e invulnerabilidad  de sus  directivos.

Aceptando que no estamos llamados al heroísmo, sí resulta muy lastimoso que las agendas sindicales estén influidas por intereses en los que la crisis de la universidad aparece en un lugar secundario. Hay razones para el temor de despidos de los más incómodos, aunque se trate de profesionales idóneos y productivos. Tal vez esta ha sido la razón para mantener engavetados los proyectos del Estatuto docente.

Siempre son posibles otras maneras de hacer sindicalismo, con agendas que defienden los derechos económicos de los afiliados, no pensando en mundos de  fantasía y proclamas huecas, sino en proteger la universidad de cargas que no se compadecen  con su situación.  Los rectores de turno curiosamente repiten el mismo manual. Aún sabiendo que aprueban convenciones a cambio de sus planes de permanencia, hasta la transferencia hereditaria y convertirse en un factor de poder ante los patricios de la política nacional o local, siempre hambrientos de votos y apoyo financiero para sus empresas electorales. Demuestran que prefieren el disfrute de sueldos a la altura de las universidades bien ranqueadas financiera y académicamente, que crear una cultura  que envíe mensajes de austeridad, esfuerzo y resiliencia. Al respecto, le escuché a Sénior que él está dispuesto a que los mejores sueldos acepten una reducción entre el 5 y 10 por ciento, de hecho él ha dado un ejemplo al respecto.  Pero, para que eso funcione se necesitan liderazgos que entusiasmen y generen solidaridades significantes al interior y el exterior de la Universidad.

Los concejos superiores, responsables de la crisis

¿Cuál ha sido el papel histórico de los Consejos superiores? Ellos pueden justificarse argumentando, entre otras razones, que ni la ley de universidades, menos la confiscación de la autonomía, facilitan las funciones de un Consejo directivo de una universidad bajo Medidas de salvación. Sin embargo, eso no es suficiente para explicar por qué terminan jugando el papel de dama de compañia de los rectores. Ningún Consejo, incluyendo los anteriores a la crisis, han hecho uso de sus atribuciones legales. Esa pasividad los hizo desestimar el poder que detentan para construir un plan para soluciones posibles, administrativas, académicas y la supervisión de ingresos-egresos. Por ello, son responsables de la profundización de la crisis.

El actual Consejo puede reivindicarse mediante la elaboración de unos estatutos que establezcan los requisitos que deben cumplir los aspirantes a la rectoría de una universidad que necesita el concurso de los mejor preparados; de lo contrario, se convierten en cómplices de estatutos que se han hecho para confeccionar el vestido que demandan los rectores sin competencias, como sucedió con los señores Vargas y Molinares, que confeccionaron  unos para reformar los que encontraron, uno porque no tenía título de doctor, y el otro porque no podía demostrar la maestría que reportaba. Estas minucias las resolvieron reemplazando las exigencias serias de doctorado o maestría por las complacientes de un postgrado, categoría académica donde caben oficios varios.

No haber revisado a tiempo esta situación nos ha llevado al caso del actual rector, señor Sénior, colocado en una situación ambigüa sobre sus títulos y que han sido ventilados en los medios de comunicación más importantes del país, agregándole otra raya al tigre desdentado que somos. Los estatutos vigentes legalizan el nombramiento del señor Sénior, porque si cumple con los requísitos de un pregrado y un postgrado. Pero esta permisividad no puede ser la base para poner en entredicho la validez de los diplomas universitarios, porque ellos certifican que se han cumplido con un programa de estudios que otorga legalidad a la prácticas de las profesiones, así ha sido desde las primeras universidades, la de Bolonia, la Sorbona.Sin embargo, las explicaciones que da el señor Sénior tienen el mérito de reconocer el dislate. Por eso, se necesita una reforma urgente de los estatutos pensando en la próxima selección de rector, a la que puede presentarse el señor Sénior si regulariza  sus estudios de magíster. El consejo también debe revisar o precisar los perfiles profesionales y académicos para otras posiciones directivas.

A corto plazo, es su deber pensar en la elección del nuevo rector, se vence el segundo año,en marzo del 2026, del periodo de dos que el Gobierno declaró en la resolución del nombramiento de Sénior. Es incierto lo que el gobierno tiene en mente para nosotros, sospecho que extenderá su dominio sobre esa materia y ratifique a Sénior o traiga a una de sus fichas.

Le recomiendo a este Consejo que se ilustre sobre las debilidades de la actual legislación universitaria que se pueden gestionar encontrando oportunidades. Asumir las falacias de la legislación e introducir una dirección inteligente, realista y creativa por encima de todo. Otra tarea consiste en integrar activamente a los distintos estamentos de poder, entre ellos sindicatos y profesores, en la construcción de la ruta que nos conduzca exitosamenta la estatización de la Universidad Autónoma, único camino para solucionar con dignidad y la seguridad que provee entrar en un mundo legal, donde pulula el debate político, garantía de participación democrática y beneficios económicos que no son posibles para la mayoría de las universidades privadas.
Se puede avanzar con mesura, según la fórmula de dos pasos adelante y uno hacia atrás.

Otros artículos del mismo autor, publicados en Comarca Literaria:

¿Educador corruptor?: la reelección del señor Mauricio Molinares, en Uniautónoma

Mineducación en Uniautónoma: La Confianza legítima tantas veces defraudada

Kant al alcance de los jóvenes: Café Filosófico de Uniautónoma

En la UNAM, pensando la Uniautónoma del Caribe

Uniautónoma: Contra el poder de Goliath, la honda de David

Cooptación en Uniautónoma: la liviandad del juicio es nuestro mal

Fundación Escuela Édgar Morin: nace Cátedra ciudadana

Aquí puede ver (y leer, si lo desea) los más de 50 textos publicados en este blog, desde febrero de 2018, sobre la crisis de la Universidad Autónoma del Caribe. Una vez abierto el link, no olvide darle clic, en la parte inferior de la pantalla, a "Entradas antiguas" para que le muestren más textos sobre este tema