Por John Acosta @Joacoro
La indolencia de los organismos estatales de control es lo
peor que nos ha podido pasar, a las 1.200 familias que aún padecemos la
devastación financiera a la que fue sometida la Universidad Autónoma del Caribe
por parte de una empresa criminal que aún goza de total impunidad. Como si
fuera poco el sortear las afugias diarias por el no pago a tiempo de nuestros
salarios, como consecuencia del desastre que ocasionaron los ladrones de cuello
blanco en esta cincuentenaria institución académica, a los empleados nos toca
cargar también con la frustración de no poder entender por qué ni la Fiscalía
General ni la Procuraduría General han puesto tras la reja a los culpables de
esta debacle; incluso, solo falta, prácticamente, un día para las elecciones
presidenciales y ninguno de los dos candidatos se ha pronunciado sobre la
extraña parsimonia de los entes mencionados para investigar y encarcelar a
quienes intentaron asesinar, con evidente sevicia, a esta reconocida
organización universitaria.
