Por John Acosta @Joacoro
La indolencia de los organismos estatales de control es lo
peor que nos ha podido pasar, a las 1.200 familias que aún padecemos la
devastación financiera a la que fue sometida la Universidad Autónoma del Caribe
por parte de una empresa criminal que aún goza de total impunidad. Como si
fuera poco el sortear las afugias diarias por el no pago a tiempo de nuestros
salarios, como consecuencia del desastre que ocasionaron los ladrones de cuello
blanco en esta cincuentenaria institución académica, a los empleados nos toca
cargar también con la frustración de no poder entender por qué ni la Fiscalía
General ni la Procuraduría General han puesto tras la reja a los culpables de
esta debacle; incluso, solo falta, prácticamente, un día para las elecciones
presidenciales y ninguno de los dos candidatos se ha pronunciado sobre la
extraña parsimonia de los entes mencionados para investigar y encarcelar a
quienes intentaron asesinar, con evidente sevicia, a esta reconocida
organización universitaria.
No puede haber razón alguna
para semejante despropósito por parte de estas dos campañas políticas. Ni
siquiera si se pensara que los mil doscientos votos que suman todos los
trabajadores no les hace mayor peso al resultado final de las elecciones, pues,
si este fuera el motivo, se debiera pensar, además, en los más de 10 mil
estudiantes (y familiares) que actualmente cursan sus programas en la amada
Universidad Autónoma del Caribe; y en los más de 50 mil egresados y sus
familias que hay diseminados a lo largo y ancho del territorio nacional (y en
el mundo, por supuesto). Y, como si los empleados, estudiantes y egresados
fueran todavía muy poco, se tendría que extender a los habitantes, ya no solo
de Barranquilla y el Atlántico, que es el territorio más cercano a esta
universidad, sino también de todo el Caribe colombiano, en donde se ha
despertado un verdadero espíritu de solidaridad con lo que le hicieron a la
Autónoma.
Los estrategas de Iván Duque
y de Gustavo Petro perdieron la valiosa oportunidad de hacer llegar mejor el
mensaje del programa de educación de sus candidatos, abordando de frente y sin
rodeos el triste ejemplo que han dado la Fiscalía y la Procuraduría frente al bochornoso
episodio de la vigilancia ejercida por el Ministerio de Educación sobre las
instituciones universitarias, que fue lo que sucedió con la Universidad
Autónoma del Caribe. Entre los empleados, estudiantes y egresados de esta institución
educativa hay simpatizantes de las tres opciones que tendrán los electores de
este domingo 17 de junio: la centro derecha de Iván Duque, la centro izquierda
de Gustavo Petro y el voto en blanco. Y no es mentira que el silencio de Duque
y Petro sobre la impunidad reinante en el caso, deja un cierto halo de tristeza
entre los partidarios de estas candidaturas.
Al no escucharse ni leerse
nada por parte de estos dos candidatos sobre el tenebroso manto de libertinaje del
que aún gozan quienes atentaron salvajemente contra la majestad de la educación
superior, lo único que nos queda a los empleados, estudiantes y egresados es
cerrar filas para que el elegido presidente de la república obre con criterio
patriótico frente al proceso de recuperación que hemos iniciado, con enorme
sacrificio, quienes nos duele el presente y futuro de la Universidad Autónoma
del Caribe. Poco favor hace, la verdad, al esfuerzo de nuestra determinación el
que los dos candidatos hayan ignorado en su agenda todo este padecimiento nuestro:
ojalá el nuevo presidente que resulte escogido compense ese silencio con una
excelente gestión frente al caso.
De entrada, le notificamos a
Duque y a Petro que no aceptaremos que al proceso de recuperación que llevamos con
nuestra universidad, se le impongan politiqueros por parte del nuevo presidente
de la república, para pagarles favores electorales. Desde ya, exigimos que se
nos tengan en cuenta para participar en la toma de decisiones que tengan que
ver con la reparación que el estado, por su omisión, le adeuda la Autónoma. Haremos
valer el derecho que nos asiste por tantos padecimientos que nos tocó afrontar
por la desidia del Estado frente al control que le correspondía ejercer para
evitar que se diera el monumental robo que la empresa criminal hizo en las
narices del Ministerio de Educación de Juan Manuel Santos.
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