Por John Acosta @Joacoro
A nosotros nos tocó el turno
esa mañana de mediados de enero de 2016. Ese fue el regalo con que los altos directivos
de la Universidad Autónoma del Caribe nos recibieron a unos 30 directores de
área: la disminución de un 25% de nuestro salario; es decir, cuando a todos los
trabajadores de cualquier empresa establecida en Colombia, pública o privada,
les suben un porcentaje de su sueldo a partir de enero de cada año, a estos 30 empleados
de nuestra institución educativa, nos lo bajaron. Y no cualquier bajonazo: a
partir de febrero de ese año, recibiríamos una cuarta parte menos de lo que ganamos
el año anterior. La mayor parte de los afectados éramos directores de programas
y departamentos académicos. Nos fueron llamando por facultad. A los cinco directores
de la facultad de Ciencias Sociales y Humanas, nos tocó esa mañana. O
aceptábamos el duro golpe o nos íbamos de la universidad. Así de sencillo.
Cuando nos tocó el turno de
ir a recibir el latigazo, ya sabíamos que a un director y a un decano, que no quisieron
firmar el otrosí de la rebaja del sueldo, tuvieron que irse de la universidad:
¿los echaron o les tocó renunciar? Lo cierto es que con semejante antecedente, llegamos
a esa reunión en Talento Humano con el rabo entre las piernas ¡Cuánto nos
hubiéramos ahorrado si hubiésemos tenido, en ese entonces, el coraje de
enfrentarlos y decirles que no, que vieran la forma de buscar dinero por otro
lado para no perjudicar a los trabajadores! Pero, como ya hemos escrito varias
veces en este blog, por esa época todavía nos invadía la desconfianza entre
nosotros mismos y, por supuesto, no habíamos superado la cobardía.
Llegamos a la hora acordada y
todavía atendían al último director de la Facultad de Ciencias Administrativas,
Económicas y Contables. Fuimos apenas cuatro porque una directora tuvo una
calamidad doméstica y tuvo que viajar a su ciudad, Bogotá. No atendían en grupo,
sino a uno por uno. Mientras esperábamos el turno, acordamos que ninguno de
nosotros iba a aceptar ese tremendo golpe a nuestras finanzas. “Que nos echen a
todos”, dijimos. El director de uno de los programas de la facultad que nos
antecedía, salió. Cuando se detuvo frente a nosotros nos dijo: “Ya me jodieron”.
Y se fue.
El primero en entrar de
nuestra facultad, se demoró una eternidad en volver a salir. La discusión con
él fue bastante alterada. Cuando lo vi cruzar el umbral de la puerta, ya de
regreso, supe que había claudicado. “Nada, marica, me tocó firmar”, me dijo. Y
se fue. A mí me correspondió entrar de último, pero cuando salió la directora
que me antecedió, me di cuenta que ya yo no tenía nada qué hacer. “Imagínate
que les pregunté: ‘Y si no firmo, ¿qué pasa?’ Me respondieron: ‘Es mejor que
firme, directora’. Qué iba a hacer: firmé”, me dijo.
Patricia Patiño, Pedro Sierra (centro) y Jesús Pantoja |
Al entrar, vi quiénes
estaban: Pedro Sierra, vicerrector administrativo; Jesús Pantoja, secretario general,
y Patricia Patiño, que todavía era la vicerrectora financiera. “¿Dónde está esa
vaina para firmarla enseguida?”, fue mi saludo. Por supuesto, se sorprendieron.
“¿Cómo así, usted sabe de qué se trata?”, me preguntó Patricia Patiño. “¡Por
Dios!: no hay una sola persona en esta universidad que no sepa que nos están rebajando
el sueldo a unas 30 personas”, le respondí. “Quiero que sepas que valoramos tu
actitud de contribuir con la recuperación financiera de nuestra universidad. Te
prometo que esto es temporal, máximo un año”, me dijo Pedro Sierra. El mes
pasado se cumplieron dos años de este retroceso salarial.
Dentro de las consideraciones
del otrosí, decía que la universidad se había caracterizado por pagar salarios
competitivos. Y que la situación financiera de la misma conlleva a que “no
pueda continuar pagando salarios altos a sus empleados”. Como compensación a
esa rebaja del 25% de nuestro salario, la universidad nos hizo
firmar una bonificación mensual que correspondía a un poco más de la mitad de
lo que nos habían rebajado: exactamente al 60%. Como se sabe, la bonificación no
entra en las prestaciones sociales, por lo que la desmejora en primas,
cesantías, vacaciones y, sobre todo, en pensión fue dura.
En total, en estos dos años
que llevamos de la rebajada de sueldo, hemos perdido, incluyendo la
bonificación, más de 15 millones de pesos en salarios y prestaciones sociales,
exceptuando la pensión. Si sumáramos la pensión, el monto sería más alto.
Pues bien, esa bonificación
se ha convertido en el caballito de batalla para tratar de enlodar el buen
nombre de quienes la recibimos. Supongo que los seguidores agazapados de Silvia
Gette, o del mismo Ramsés Vargas, a quienes les he dado duro en este blog, azuzan,
incluso, a los estudiantes para que invadan las redes sociales, diciendo que,
particularmente yo, soy un enmermelado
de Ramsés Vargas porque recibo este bono mensual, desconociendo el verdadero
origen de esta desgracia.
Y, como si todo lo anterior
fuera poco, en este proceso de salvamento de la universidad que lleva el
Ministerio de Educación, se inició con el pago de los meses atrasados hasta
ponerse al día con el año 2017. A los únicos que no se les ha pagado es a quienes
poseemos bonificación; incluso, se habla de que nos pagarán los meses atrasados,
pero sin la bonificación; es decir, recibiremos el 25% menos de nuestro sueldo.
Por supuesto, el Ministerio de Educación debe considerar que las demandas no se
harán esperar, pues todos los perjudicados tenemos las copias que firmamos de
esa fatídica mañana de enero de 2016.
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