La Fiscalía General no mete a la cárcel a los culpables del robo a Uniautónoma

Por John Acosta @Joacoro

Néstor Humberto Martínez

Es, por supuesto, una lucha ardua, tormentosa e impotente. El drama humanitario que padecemos todos los días, las más de mil familias que dependemos de los salarios en la Universidad Autónoma del Caribe, podría aliviarse en algo si uno viera interés en la Fiscalía General de la Nación para meter en la cárcel a los que nos degeneraron nuestra existencia en estos dos últimos años; sin embargo, esa angustiante batalla para arañarle a la vida el sustento diario de nuestros hogares, se multiplica por infinitas veces al comprobar que los culpables de nuestras desgracias deambulan felices por las calles, derrochando a sus anchas el producto de su crimen, restregándonos descaradamente sobre la miseria en que nos dejaron que no hay ningún órgano capaz de hacer justicia por la dignidad nuestra mancillada.

A veces, llegan fotos que nos hieren más el alma maltratada y nos taladra nuestra tranquilidad inquieta. Esas imágenes muestran a los verdugos en sus actividades normales de hombres de familias sin afanes financieros, mientras nosotros, sus víctimas, tratamos de arreglarnos como podamos para superar el desafío diario de subsistir. “Me lo encontré en la notaría, donde fue a firmar el permiso de salida de su hija menor de edad, que se iba para Estados Unidos a disfrutar de la mansión que compraron en un sitio exclusivo de ese país, un mes después de que les rebajaran el sueldo a la mayoría de directores de áreas”, me dijo una profesora adolorida, contándome la sorpresa que se llevó al ver a Ramsés Jonás Vargas Lamadrid, el ex rector de la Autónoma del Caribe, en ese sitio. “¿Usted sabe qué estoy haciendo aquí?”, me dijo la profesora que le había preguntado a Ramsés Vargas. Me dijo que el hombre le extendió la mano para saludarla y ella ignoró el gesto. “Vengo a firmar la Promesa de venta de mi carro porque por su culpa no tengo para pagar las cuotas atrasadas”, me contó que le dijo y dizque él le respondió con un “¿verdad?” un tanto burlón y altanero. Por supuesto, la docente de la Autónoma le tomó una foto que ella envió a una amiga y la amiga se encargó de hacerla viral.

La foto más reciente que se hizo viral en las redes

La foto que se conoció más recientemente es la de Ramsés Vargas arrodillado en una iglesia. Obviamente, la imagen no duró mucho en hacerse viral. Algunos medios la publicaron en su página web. La W Radio publicó una carta que le envió el exrector, quejándose por la divulgación de la foto por parte de ese medio.  En ambos casos, tanto en la foto, como en la carta, los comentarios de los lectores son duros y contundente en contra de Ramsés.

¿Y por qué no están en la cárcel?

La pregunta es reiterativa y ronda constantemente por los pasillos de la universidad, de boca en boca de todos los empleados de la muy querida Universidad Autónoma del Caribe: ¿por qué la Fiscalía General de la Nación se ha demorado tanto tiempo en solicitar a un juez que ordene la captura contra los funcionarios de alto nivel que desfalcaron a la cincuentenaria institución educativa? Y es tan recurrente la preocupación que ya uno la escucha en todos los rincones de Barranquilla: en los buses de servicios públicos, en los supermercados, en los salones de belleza, en el gimnasio, en fin. En todo caso, tantos los empleados de la universidad, como el barranquillero común, empiezan a especular sobre las posibles causas de la demora de la Fiscalía en hacerle la solicitud de orden de captura a la autoridad correspondiente: esas teorías van desde las más negativas hasta las más positivas.

Los positivos dicen que la Fiscalía General de la Nación se ha demorado en pedir la orden de captura contra los culpables del desfalco monumental del que fue víctima la Universidad Autónoma del Caribe porque no quieren dejar cabos sueltos de donde puedan agarrarse los influyentes (y carísimos) abogados que ha contratado el ex rector para que lo defiendan ante los tribunales. Lo cierto es que, cada vez, son menos los que se incluyen dentro de esta teoría, pues la contundencia de las evidencias aflora a todas luces. Y, a medida que transcurre el tiempo, ya no quedarán defensores de la demora de este órgano de control para actuar ante los jueces competentes y meter en la cárcel a los delincuentes que nos tienen, a más de mil familias, maniobrando diariamente para buscar el milagro cotidiano de la sobrevivencia.

Arriba, el fiscal general; abajo, el ex rector Ramsés Vargas.

Los negativos atribuyen la demora de la Fiscalía General de la Nación en proceder sobre este caso a oscuros intereses. El pasado 8 de marzo, hubo júbilo entre los empleados de la Universidad Autónoma del Caribe al publicarse en los medios de comunicación una esperada noticia: “Juez expide orden de captura contra Ramsés Vargas”, se leyó en las páginas web de importantes medios, como el diario capitalino El Tiempo y la W Radio. La alegría de los trabajadores de la universidad no tardó en pasar a la decepción, cuando el propio fiscal general, Néstor Humberto Martínez, convocó a una rueda de prensa en la misma tarde de ese día para decir que "La orden de captura no existe, y he confirmado con los fiscales del caso".

No tardó en armarse conjeturas sobre la insólita rueda de prensa de un fiscal general para referirse a un caso de provincia. Algunos decían que fue una jugada política: le pidieron al fiscal que dejara la cuestión para después de las elecciones legislativas que se desarrollarían tres días después, el 11 de marzo, pues podría influir sobre los electores, ya que algunos congresistas barranquilleros habían sido vinculados como apoyadores del exrector; incluso, otros comentaban que sí existía la orden de captura, pero que al fiscal le había molestado que se le filtrara a los medios de comunicación antes de conocerla él.

¡Justicia ya!

Lo cierto es que los empleados de la universidad esperábamos con ansia que, después de esas elecciones, se expidiera la orden de captura contra todos los culpables de la crisis humanitaria que todavía padecemos. Sobre todo, porque el fiscal había dicho en esa misma rueda de prensa que "la Fiscalía se encuentra en la universidad desde el día de ayer, estamos accediendo a toda la documentación que nos permita avanzar en la investigación del caso, se está haciendo con la directa intervención de la Policía Económica y Financiera (PEF) y, particularmente, con el director de la PEF por encomienda del fiscal".  Pensábamos, entonces, que la cuestión era inminente, pero van pasando las semanas y, mes y medio después de las elecciones, los autores de nuestras desgracias siguen gozando de total impunidad.

Las evidencias están ahí. Llegaron hace cinco años a la universidad, encontraron una deuda de menos de 30 mil millones de pesos, pero con entradas anuales a las arcas de nuestra institución de más de 100 mil millones de pesos. A eso se debe agregar el ingreso de flujos por la venta de activos. Y resulta que dejan a la Autónoma del Caribe sin activos y más endeudada que nunca. ¿Necesita más evidencia la Fiscalía General de la Nación?

Los trabajadores de la Universidad Autónoma del Caribe, como víctimas de la empresa criminal que se montó alrededor de la empresa en donde laboramos, le exigimos al fiscal general, Néstor Humberto Martínez, que no demore más el proceso y meta a la cárcel a los culpables de nuestras desgracias y les confisque los bienes adquiridos con la plata que se robaron.

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