Si MinTransporte frenó las ‘excesivas’ fotomultas en la Vía al Mar, ¿por qué no pone la lupa en Valledupar y el Cesar?

La ministra de Transporte, Elsa Noguera,
pidió frenar nuevas cámaras de fotodetección en la
Vía al Mar y reabrió el debate sobre si estos sistemas
 priorizan la seguridad vial o terminan convertidos en
mecanismos  de recaudo. La discusión también
 pone bajo la lupa a Valledupar y al Cesar.

Por John Acosta

El 3 de octubre de 2013 publiqué en esta misma Comarca Literaria un artículo cuyo título, releído casi trece años después, parece haber envejecido demasiado poco: ¡Quién podrá salvarnos del voraz apetito de los comparendos electrónicos en Barranquilla! No escribía entonces desde la teoría. Había ido a resolver el problema de una placa que se me perdió del carro y, cuando consulté mi situación ante Tránsito, me encontré con otra sorpresa: tenía cuatro comparendos electrónicos, dos en Barranquilla y dos en Puerto Colombia.

Uno de ellos me lo habían impuesto por quedar detenido sobre una cebra. Recordaba perfectamente lo sucedido. Había un trancón de los mil demonios; el semáforo cambió y preferí detenerme para no atravesarme a los carros que venían en el otro sentido. Un taxista, al verme, bajó el vidrio y me soltó una frase que todavía hoy resume buena parte de la discusión sobre estos sistemas:

—Muy amable de su parte, pero hubiera seguido porque la cámara no sabe de eso.

La cámara, efectivamente, no sabía. No sabía del trancón. No sabía que había preferido no cerrar el paso. No podía interpretar el contexto. Capturó una imagen y esa imagen terminó convertida en comparendo.

Pero había algo más que, entonces, me inquietaba: detrás de aquellas cámaras existía un contrato con un particular encargado de la instalación, operación, mantenimiento y procesamiento de los datos e imágenes. Según la información que tenía cuando escribí aquel artículo, ese contrato llegaba hasta 2026.

Y yo preguntaba entonces: ¿Cuánto gana el particular por cada comparendo? Miren ustedes las vueltas que da la vida.

Estamos, precisamente, en 2026 y ahora es la propia ministra de Transporte de Colombia, Elsa Noguera, quien pone sobre la mesa la misma palabra que estaba en el fondo de aquella preocupación de 2013: recaudo.

Trece años después, MinTransporte habla de recaudo

“Siete cámaras de velocidad en la autopista Barranquilla–Cartagena son excesivas”, escribió Elsa Noguera este viernes 21 de agosto. La ministra pidió a la Agencia Nacional de Seguridad Vial suspender la entrada en operación de tres cámaras autorizadas que se sumarían a las cuatro existentes en la llamada Vía al Mar.

Y agregó una frase que vale la pena guardar: “La detección electrónica debe prevenir siniestros y salvar vidas, no convertirse en un mecanismo de recaudo”. Estoy de acuerdo. Completamente. Tan de acuerdo que, precisamente, por eso, quisiera que la ministra ampliara el radio de su lupa.

Porque si siete cámaras pueden resultar “excesivas” en la carretera Barranquilla–Cartagena y existe preocupación porque la fotodetección pueda convertirse en mecanismo de recaudo, sería saludable preguntarnos qué está ocurriendo en Valledupar y en el resto del Cesar.

La seguridad vial es la misma en Atlántico, Bolívar, Cesar o La Guajira.

Y el bolsillo del ciudadano también. Nadie está proponiendo acabar las cámaras. Aclaremos algo antes de continuar. No estoy en contra de las cámaras de fotodetección. Sería absurdo renunciar a una herramienta tecnológica capaz de salvar vidas, simplemente, porque puede utilizarse mal. Si en determinada intersección mueren personas porque algunos conductores atraviesan irresponsablemente el semáforo en rojo, que pongan la cámara.

 Si en determinado tramo existe una concentración comprobada de accidentes por exceso de velocidad, que se controle. Si una cámara logra que una persona disminuya la velocidad antes de atropellar a un peatón, bienvenida sea. El problema no es la cámara.

El problema aparece cuando el ciudadano empieza a preguntarse si fue ubicada en el punto donde más vidas puede salvar o en aquel donde más comparendos puede producir. Y esas dos cosas no siempre son iguales.

Por eso, me parece importante la segunda parte del anuncio de Elsa Noguera: MinTransporte dice que priorizará soluciones integrales de ingeniería, señalización, pedagogía y control. Eso debería parecer obvio, pero durante años muchas administraciones encontraron algo mucho más sencillo que arreglar una intersección peligrosa, construir un puente, corregir un diseño vial o mantener agentes de tránsito en la calle: poner una cámara.

En Codazzi ya vimos cómo puede terminar la película

Tampoco tenemos que viajar muy lejos para entender la dimensión del problema. En abril de 2025, publiqué en Comarca Literaria Hasta cuándo el lío de las fotomultas en Codazzi. Allí contamos una historia realmente impresionante. En la Variante de Codazzi se habían instalado dos vehículos con cámaras de detección electrónica debido, entre otras razones, a la alta accidentalidad del corredor.

Solo durante 2023 se subieron al sistema 76.529 comparendos. Repito la cifra: 76.529 comparendos en un año. El malestar llegó a tal punto que en abril de 2024 se produjo un paro y, dentro de los acuerdos alcanzados, fueron retirados del sistema más de 60.000 comparendos correspondientes a 2023. En 2024 se registraron otros 23.936 y posteriormente fueron retirados más de ocho mil.

Pero aquello no fue todo. La Veeduría Ciudadana “No +” planteó cuestionamientos sobre la calibración técnica de las cámaras. Cuando investigamos el asunto, el entonces secretario de Tránsito de Codazzi, José Carlos Torregrosa Oñate, confirmó que los equipos estaban suspendidos después de unas visitas del Ministerio de Transporte. Según explicó, habían encontrado asuntos que el operador debía subsanar relacionados con señalización, puntos de ubicación de las cámaras e informes que debían presentarse.

Es decir: el propio Ministerio de Transporte ya tuvo que mirar hacia el Cesar por problemas relacionados con estos sistemas; por eso, sorprende menos nuestra pregunta de hoy.

Justo ahora Valledupar enciende sus cámaras

La coincidencia no podría ser más oportuna. Mientras Elsa Noguera pide frenar tres dispositivos en la Vía al Mar porque siete le parecen excesivos, Valledupar acaba de encender sus primeras tres cámaras SAST. Empezaron a operar este miércoles 19 de agosto con una fase pedagógica de 15 días.

Están ubicadas en el sector del Colegio Nacional Loperena, La Viña y Los Manguitos, y durante esta primera etapa estarán enfocadas, principalmente, en detectar vehículos que atraviesen los semáforos cuando se encuentran en rojo. No tengo elementos para afirmar que esas tres cámaras sean ilegales.

Tampoco estoy sosteniendo que no deban instalarse. Por el contrario: si esos cruces han sido escogidos mediante estudios técnicos que demuestran alta accidentalidad, conductas reiteradas de riesgo y la necesidad de instalar allí estos dispositivos, la administración debería publicar esos estudios y explicárselos a la ciudadanía.

Eso acabaría con muchas suspicacias. ¿Cuántos accidentes ocurrían allí antes de la cámara? ¿Cuántos muertos? ¿Cuántos lesionados? ¿Por qué ese punto y no otro? ¿Con qué indicador se medirá dentro de seis meses si la cámara, efectivamente, mejoró la seguridad vial?

Porque si el argumento para instalarla es salvar vidas, el indicador principal del éxito no debería ser cuánto dinero recaudó. Debería ser cuántas vidas ayudó a salvar. Pero hay más de 35.000 razones para mirar a Valledupar. Y aquí es donde la pregunta dirigida a MinTransporte adquiere mayor peso.

SuperTransporte investiga 12 organismos de tránsito por fotomultas

El pasado 29 de mayo, la Superintendencia de Transporte anunció investigaciones contra otros 12 organismos de tránsito del país por presuntas irregularidades en la utilización de sistemas automáticos de detección de infracciones. Tres corresponden al Cesar:

La Secretaría de Tránsito y Transporte de Valledupar, el Instituto Departamental de Tránsito del Cesar y el Instituto Municipal de Tránsito y Transporte de Aguachica. No estamos hablando, entonces, de una inquietud imaginaria. Estamos hablando de actuaciones abiertas por el organismo nacional que tiene precisamente funciones de vigilancia sobre el sector.

En el caso de Valledupar, el dato es, particularmente, fuerte. Según la Superintendencia de Transporte, más de 35.000 comparendos electrónicos, impuestos entre marzo de 2024 y agosto de 2025, podrían quedar sin validez porque durante el periodo investigado el organismo de tránsito no habría contado con la autorización requerida para realizar esos controles electrónicos.

Hay que hacer una precisión indispensable: Eso corresponde a una investigación administrativa y no equivale a una sanción definitiva contra los funcionarios o entidades involucradas. Y tampoco significa que las tres cámaras que acaban de entrar en su etapa pedagógica estén funcionando ilegalmente.

Son asuntos diferentes y no debemos mezclarlos, pero, precisamente, porque existe ese antecedente, resulta razonable pedir que el nuevo sistema nazca bajo una vigilancia mucho más rigurosa.

La pregunta más importante: ¿quién vigila al que vigila?

Una cámara está diseñada para observarnos. Registra nuestra placa. Determina a qué hora pasamos. Detecta nuestra velocidad. Establece si cruzamos un semáforo. Produce una evidencia que puede terminar convertida en sanción económica. Perfecto.

Sin embargo, existe una pregunta democrática anterior a todas esas: ¿quién vigila al vigilante? ¿Quién controla que la cámara opere únicamente dentro de la autorización concedida? ¿Quién certifica que esté correctamente calibrada cuando corresponda? ¿Quién verifica su señalización? ¿Quién comprueba que el punto donde fue instalada sigue respondiendo a una necesidad real de seguridad vial? ¿Quién revisa los contratos de operación? ¿Quién sabe cuánto recauda? ¿Quién recibe ese dinero? ¿Quién determina cuánto corresponde a particulares, si los hay (y, casi siempre, los hay)?

Y, sobre todo, ¿quién publica el resultado más importante de todos: cuántos accidentes, muertos y heridos disminuyeron después de instalar la cámara? Porque hay una forma bastante sencilla de demostrar que una fotomulta tiene vocación preventiva y no recaudatoria. Publiquen los resultados.

Si antes de la cámara ocurrían 30 accidentes y después ocurren diez, esa cámara empieza a contar una historia. Si antes morían cinco personas y después no murió ninguna, que nadie venga a pedir que la retiren. Si los ciudadanos aprenden, disminuyen las infracciones y con ellas también cae el número de comparendos, maravilloso: la cámara habrá logrado su propósito.

Pero si, año tras año, aumentan las multas, aumenta el recaudo y la accidentalidad sigue igual, entonces, la administración tendrá que explicar qué clase de política de seguridad vial está aplicando.

De Barranquilla en 2013 a Valledupar en 2026

Por eso, he vuelto mentalmente a aquel 3 de octubre de 2013. Aquel día escribí con indignación sobre cuatro comparendos electrónicos que aparecieron cuando fui a resolver la pérdida de una placa. Me preguntaba cuánto recibía el particular que operaba las cámaras.

Cuestionaba un límite de velocidad que no entendía. Contaba la impotencia de tratar de explicarle a una fotografía que aquella tarde había un trancón y que no había avanzado, precisamente, para no obstaculizar el paso. Y mencionaba que el contrato existente entonces llegaba hasta 2026.

Trece años después, aquí estamos. En 2025 volvimos sobre el tema desde Codazzi, donde decenas de miles de comparendos terminaron envueltos en controversias y las cámaras fueron suspendidas mientras se subsanaban exigencias señaladas tras visitas del Ministerio de Transporte. En 2026 tenemos investigaciones de la SuperTransporte que alcanzan a Valledupar, Idtracesar y Aguachica.

Y, justamente, ahora Valledupar comienza una nueva etapa de fotodetección; por eso, el pronunciamiento de Elsa Noguera me parece importante. No porque crea que siete cámaras sean necesariamente excesivas. Para afirmar algo semejante tendría que conocer los estudios técnicos de cada uno de esos puntos.

Lo importante es que la propia ministra abrió una discusión que durante demasiado tiempo se trató como si fuera inconveniente plantearla. Dijo recaudo. Y eso cambia mucho.

¿Enemigo de la seguridad vial o crítico del nuevo recaudo?

Durante años, el ciudadano que cuestionaba una fotomulta podía terminar presentado poco menos que como enemigo de la seguridad vial, como si únicamente existieran dos posiciones posibles: defender cualquier cámara que instale el Estado o querer conducir irresponsablemente.

Ese dilema es falso. Podemos defender con absoluta firmeza las cámaras que salvan vidas y, con la misma firmeza, exigir explicaciones sobre aquellas que despiertan dudas. Una cosa no contradice la otra. La complementa.

Ministra Noguera, la lupa también debe llegar al Cesar

Celebro, entonces, que MinTransporte revise lo que sucede en la Vía al Mar. Celebro que pregunte si siete cámaras son demasiadas. Celebro que hable de ingeniería, señalización y pedagogía. Y celebro, sobre todo, que Elsa Noguera haya dicho que la detección electrónica no puede convertirse en un mecanismo de recaudo.

Pero esa doctrina no puede quedarse entre Barranquilla y Cartagena. Debe viajar por las carreteras del país. Que llegue a Codazzi, donde ya conocemos la dimensión que puede alcanzar una lluvia de comparendos. Que llegue a Aguachica. Que revise lo ocurrido bajo jurisdicción de Idtracesar.

Y que se detenga, especialmente, en Valledupar, donde empiezan a operar nuevos equipos al mismo tiempo que más de 35.000 comparendos de un periodo anterior permanecen bajo la lupa de la Superintendencia de Transporte.

Hace trece años, un taxista me gritó en Barranquilla que “la cámara no sabe de eso”. Tenía razón. La cámara no sabe. La cámara, simplemente, registra. Quienes tienen que saber son los funcionarios que deciden dónde ponerla, por qué ponerla, cómo operarla y para qué utilizarla. Y nosotros, los ciudadanos, tenemos todo el derecho a preguntarles.

Así que, ministra Elsa Noguera, si MinTransporte decidió ponerles freno a las fotomultas que considera “excesivas” en la Vía al Mar, aproveche que ya sacó la lupa: échele también una mirada a Valledupar y al Cesar.