Abelardo pone la lupa sobre las fotomultas: trece años después, la pregunta sigue siendo la misma

Abelardo De La Espriella pidió revisar a fondo
 el funcionamiento y la legalidad de las
fotomultas en Colombia, luego de que la
ministra de Transporte, Elsa Noguera, cuestionara
 el uso de estos sistemas cuando terminan
privilegiando el recaudo sobre la seguridad vial.

Por John Acosta

Hay historias que uno quisiera no tener que volver a escribir. Esta es una de ellas. El 3 de octubre de 2013 publiqué en Comarca Literaria un artículo que titulé ¡Quién podrá salvarnos del voraz apetito de los comparendos electrónicos en Barranquilla!. No era una reflexión académica ni una discusión de café sobre la tecnología aplicada al tránsito. Era una historia que me había ocurrido a mí.

Había perdido la placa delantera de mi carro y, cuando fui a averiguar qué debía hacer para obtener una nueva, descubrí que tenía cuatro comparendos electrónicos: dos en Barranquilla y dos en Puerto Colombia. Uno de ellos me lo habían impuesto porque el vehículo había quedado sobre una cebra.

La cámara había visto la infracción. Lo que no había visto era el trancón. Tampoco sabía que yo había decidido no avanzar para no atravesarme a los carros que circulaban en sentido contrario. La cámara había hecho su trabajo.

Pero, al menos en aquel caso, había demostrado que una fotografía puede registrar una conducta sin comprender las circunstancias que la rodean. Han pasado casi trece años. Y miren ustedes dónde estamos.

Abelardo le pide a Elsa Noguera que revise las fotomultas

Este domingo, el presidente Abelardo De La Espriella tomó posición frente a la polémica que abrió el viernes la ministra de Transporte, Elsa Noguera, cuando pidió frenar la entrada en operación de tres nuevas cámaras de fotodetección en la Vía al Mar.

Noguera cuestionó que el corredor entre Barranquilla y Cartagena llegara a tener siete cámaras de velocidad y sostuvo que la detección electrónica debe utilizarse para prevenir siniestros y salvar vidas, no para convertirse en un mecanismo de recaudo.

El presidente respondió desde su cuenta de X: “Ministra Elsa Noguera, ese es el camino. Ya está bueno de tantos abusos”. Y entonces soltó una orden que cambia la dimensión de esta discusión. Le pidió revisar a fondo el funcionamiento y la legalidad de todas las fotomultas en el territorio nacional. No solamente las de la Vía al Mar. Todas.

Según De La Espriella, estos mecanismos deben servir para proteger la vida y mejorar la seguridad vial, pero no pueden convertirse en “una trampa contra los ciudadanos” ni en un negocio a costa del bolsillo de los colombianos. Y remató con una frase que, en este caso, merece ser tomada en serio: “El Estado está para servir al ciudadano, no para abusar de él”.

Trece años después, vuelve la palabra: recaudo

Aquí es donde la historia comienza a ponerse interesante. Porque la palabra que aparece hoy en boca de la ministra y del presidente —recaudo— no es nueva para mí. Ya estaba en aquella historia de 2013. Entonces, me preguntaba cuánto dinero podía terminar recibiendo un particular encargado de la instalación, operación, mantenimiento y procesamiento de las imágenes captadas por esos dispositivos.

La pregunta parecía entonces la de un ciudadano molesto con una multa. Hoy adquiere otra dimensión. Porque ahora no soy yo quien está cuestionando únicamente el sistema. Es el propio Gobierno nacional el que anuncia una revisión de su funcionamiento y legalidad.

Eso no significa que las cámaras sean malas. Tampoco significa que todas las fotomultas sean ilegales. Y sería irresponsable afirmar semejante cosa sin revisar caso por caso. Una cámara puede salvar una vida. 

Puede impedir que un conductor atraviese un semáforo en rojo. Puede obligar a reducir la velocidad en un punto peligroso. Puede convertirse, incluso, en una herramienta mucho más eficiente que tener permanentemente un agente de tránsito en una esquina.

El problema no es la cámara. El problema es para qué se pone la cámara.

¿Para salvar vidas o para llenar las arcas?

Esta es la pregunta que debería acompañar cada dispositivo de fotodetección. ¿Fue instalado porque allí ocurrían accidentes? ¿Porque había personas muriendo? ¿Porque los conductores excedían sistemáticamente la velocidad? ¿Porque los peatones estaban en riesgo? ¿Porque el semáforo era irrespetado de manera recurrente? ¿O porque ese punto era particularmente bueno para producir comparendos?

Son preguntas distintas. Y la respuesta debería estar sustentada en estudios técnicos, estadísticas de accidentalidad, señalización, ingeniería vial y criterios de seguridad. Si una cámara consigue que disminuyan los accidentes, bienvenida sea. Pero si el principal indicador de éxito termina siendo la cantidad de comparendos producidos y el dinero recaudado, entonces, algo se torció por el camino.

Codazzi ya nos había dado una señal

En abril de 2025 volví sobre el asunto. Esta vez no desde Barranquilla, sino desde el Cesar. Publiqué entonces Hasta cuándo el lío de las fotomultas en Codazzi. Y los números eran impresionantes.

En la Variante de Codazzi se habían subido al sistema 76.529 comparendos durante 2023. Setenta y seis mil quinientos veintinueve. La cifra provocó tal inconformidad que en abril de 2024 hubo un paro y, entre los acuerdos alcanzados, fueron retirados del sistema más de 60.000 comparendos correspondientes a 2023.

Después aparecieron cuestionamientos sobre la calibración técnica de las cámaras. El Ministerio de Transporte intervino. Y las cámaras terminaron suspendidas mientras se subsanaban asuntos relacionados con señalización, ubicación de los dispositivos e informes requeridos.

Entonces también apareció otra pregunta incómoda: ¿Qué ocurre con el dinero de los comparendos que fueron impuestos mediante dispositivos cuyo funcionamiento estaba siendo cuestionado?

Es una pregunta que no debería desaparecer simplemente porque pase el escándalo de turno.

Y ahora le toca a Valledupar

Precisamente por eso, el viernes publiqué en esta Comarca Si MinTransporte frenó las ‘excesivas’ fotomultas en la Vía al Mar, ¿por qué no pone la lupa en Valledupar y el Cesar?. La pregunta no era gratuita.

Mientras la ministra consideraba excesivas siete cámaras en la autopista Barranquilla-Cartagena, Valledupar acababa de poner en funcionamiento sus primeras tres cámaras SAST, inicialmente en fase pedagógica.

Y, además, ya existían antecedentes de investigaciones relacionadas con organismos de tránsito del Cesar. Por eso insistí en algo que hoy cobra todavía mayor importancia: No se trata de estar contra las cámaras. Se trata de exigir que las cámaras estén del lado de la seguridad y no del lado del negocio.

Ahora Abelardo De La Espriella acaba de ampliar la pregunta a todo el país.

Que revisen todas. Pero que revisen de verdad

Si el presidente quiere que se revise el funcionamiento y la legalidad de las fotomultas en Colombia, bienvenido sea. Pero una revisión de verdad no puede consistir simplemente en mirar si cada cámara tiene un papel colgado en alguna oficina.

Hay que mirar mucho más. Hay que saber por qué fue instalada. Qué estudios la justificaron. Cuál era el índice de accidentalidad del sitio. Cuántas vidas se han salvado desde que comenzó a operar. Cuántos comparendos ha producido. Cuánto dinero ha recaudado.

Quién recibe ese dinero. Qué porcentaje corresponde a cada actor. Qué contrato existe detrás del sistema. Cómo se verifica la calibración de los equipos. Cómo se garantiza que la señalización sea adecuada. Y, sobre todo, qué ocurre cuando una cámara se equivoca.

Porque la tecnología también se equivoca. Y cuando se equivoca una cámara, el ciudadano no debería tener que convertirse en abogado, ingeniero de tránsito, perito y detective para demostrar que no cometió una infracción.

La cámara no puede convertirse en juez

Hay algo que aprendí aquella tarde de 2013 y que todavía me parece esencial: una cámara registra, pero no comprende.

No sabe si había un trancón. No sabe si un conductor frenó para evitar atropellar a alguien. No sabe si una señal estaba tapada. No sabe si el dispositivo estaba correctamente calibrado. No sabe si existía una emergencia. No sabe si el contexto de la vía hacía razonable determinada maniobra.

Por eso existen seres humanos y procedimientos administrativos. La tecnología debe ayudar a aplicar la ley, no sustituir el criterio ni convertir al ciudadano en culpable automático.

De 2013 a 2026: la pregunta sigue viva

Cuando escribí aquel artículo de 2013 jamás imaginé que, casi trece años después, tendría que volver sobre el mismo asunto. En 2025, Codazzi volvió a ponerlo sobre la mesa. El viernes, la discusión regresó con fuerza por las cámaras de la Vía al Mar y por la situación de Valledupar y el Cesar.

Y este domingo el presidente de la República ordenó mirar las fotomultas de todo el país. La historia, entonces, parece haber dado una vuelta completa. Solo que ahora la pregunta ya no es solamente:

¿Quién podrá salvarnos del voraz apetito de los comparendos electrónicos? Ahora habría que formularla de otra manera: ¿Quién vigila a quienes vigilan a los ciudadanos? Porque si el Estado quiere que respetemos las normas de tránsito —y debemos respetarlas— también tiene que respetar las reglas con las que nos controla.

Las cámaras pueden quedarse. Los controles también. Las multas, cuando sean justas y legales, también. Lo que no puede quedarse es la sospecha de que detrás de cada cámara hay primero una caja registradora y después una preocupación por la vida.

Si Abelardo De La Espriella realmente quiere ponerle la lupa a las fotomultas, que la ponga completa. Que mire Barranquilla. Que mire Cartagena. Que mire Valledupar. Que mire Codazzi. Que mire el Cesar. Y que mire todo el país.

Y que cuando termine la revisión nos diga algo mucho más importante que cuánto dinero producen las cámaras: cuántas vidas han ayudado a salvar.