El senador Alfredo Deluque propone facilitar la entrega de grabaciones de seguridad a la Fiscalía. Su iniciativa no tiene relación con las fotomultas, pero me sirve para plantear una paradoja: cuando una cámara registra una infracción de tránsito, el Estado actúa con rapidez; cuando puede ayudar a esclarecer un delito, conseguir el video puede convertirse en un calvario.El senador Alfredo Deluque propone facilitar
la entrega de grabaciones de videovigilancia a las
autoridades. La composición contrasta la rapidez
de la fotodetección para activar sanciones con
las dificultades que enfrentan las víctimas para obtener
videos de seguridad. Imagen de inteligencia artificial
Por John Acosta
Una cámara puede convertirse rápidamente en testigo contra un conductor. Registra la placa, captura la presunta infracción y activa un procedimiento que puede terminar en una multa. Si la obligación no se paga, el asunto puede avanzar hacia el cobro coactivo y desembocar, incluso, en el embargo del vehículo. De eso, puedo hablar en primera persona.
Mi Renault Logan ha permanecido, prácticamente, confinado, mientras intento resolver las multas y medidas que pesan sobre él. Lo conté cuando expliqué por qué mi carro embargado demuestra que la discusión sobre las multas no es abstracta. También volví sobre el asunto al preguntar por qué, mientras el Ministerio de Transporte mueve las fotomultas, mi carro sigue confinado.
Por eso, me llamó la atención el proyecto de ley presentado por el senador guajiro Alfredo Deluque. No porque su iniciativa pretenda modificar las fotomultas —no lo hace—, sino porque permite observar la enorme diferencia entre la velocidad con la que funcionan unas cámaras y las dificultades que rodean a las otras.
