Fotomulta, ágil; videovigilancia, lenta: las dos velocidades de una cámara

El senador Alfredo Deluque propone facilitar
 la entrega de grabaciones de videovigilancia a las
autoridades.  La composición contrasta la rapidez
 de la fotodetección para activar sanciones con
 las dificultades que enfrentan las víctimas para obtener
 videos de seguridad. Imagen de inteligencia artificial

El senador Alfredo Deluque propone facilitar la entrega de grabaciones de seguridad a la Fiscalía. Su iniciativa no tiene relación con las fotomultas, pero me sirve para plantear una paradoja: cuando una cámara registra una infracción de tránsito, el Estado actúa con rapidez; cuando puede ayudar a esclarecer un delito, conseguir el video puede convertirse en un calvario.

Por John Acosta

Una cámara puede convertirse rápidamente en testigo contra un conductor. Registra la placa, captura la presunta infracción y activa un procedimiento que puede terminar en una multa. Si la obligación no se paga, el asunto puede avanzar hacia el cobro coactivo y desembocar, incluso, en el embargo del vehículo. De eso, puedo hablar en primera persona.

Mi Renault Logan ha permanecido, prácticamente, confinado, mientras intento resolver las multas y medidas que pesan sobre él. Lo conté cuando expliqué por qué mi carro embargado demuestra que la discusión sobre las multas no es abstracta. También volví sobre el asunto al preguntar por qué, mientras el Ministerio de Transporte mueve las fotomultas, mi carro sigue confinado.

Por eso, me llamó la atención el proyecto de ley presentado por el senador guajiro Alfredo Deluque. No porque su iniciativa pretenda modificar las fotomultas —no lo hace—, sino porque permite observar la enorme diferencia entre la velocidad con la que funcionan unas cámaras y las dificultades que rodean a las otras.

Una cámara que sanciona y otra que espera

Cuando una cámara de fotodetección registra una presunta infracción, la maquinaria administrativa comienza a moverse. La imagen puede convertirse en una prueba dentro de un procedimiento sancionatorio y, posteriormente, en una obligación económica; sin embargo, cuando una cámara de seguridad registra un hurto, una agresión o un homicidio, la víctima puede encontrarse con una respuesta muy distinta: trámites, autorizaciones, protección de datos, solicitudes formales y días de espera.

Mientras tanto, la grabación corre el riesgo de ser sobrescrita o borrada. La comparación es mía y no debe confundirse con el contenido del proyecto. Deluque no propone reformar el sistema de fotodetección ni modificar las multas de tránsito. Su iniciativa, denominada Cámara Testigo, busca facilitar la preservación y entrega de las grabaciones de videovigilancia que puedan servir como prueba de un delito. Dicho con mayor sencillez: una regulación se ocupa de sancionar infracciones de tránsito y la otra pretende evitar que una evidencia penal desaparezca antes de llegar a la autoridad.

“Conseguir ese video no debería ser un calvario”

Al presentar el proyecto, Deluque resumió el problema con una frase que seguramente muchas víctimas reconocerán: “Conseguir ese video no debería ser un calvario”. El senador sostiene que, cuando un hurto u otro delito queda registrado por una cámara, las imágenes deberían llegar directamente a las autoridades. Su propuesta busca eliminar obstáculos para que la Fiscalía pueda obtener ese material antes de que desaparezca.

Deluque también habló de hacer justicia “sin tanta burocracia”. Allí está el centro de la discusión: el proyecto no pretende que cualquier persona tenga acceso indiscriminado a los sistemas de vigilancia. Lo que busca es facilitar que las grabaciones sean preservadas y remitidas a las autoridades competentes. La diferencia es importante. No se trata de abrir las cámaras al público, sino de impedir que una prueba posiblemente decisiva se pierda mientras la víctima trata de averiguar quién puede entregarla.

Las imágenes también tienen fecha de vencimiento

Muchas cámaras almacenan las grabaciones durante un periodo limitado. Cuando se agota la capacidad disponible, el sistema puede sobrescribir automáticamente los archivos más antiguos. Eso significa que cada día de trámite cuenta. La víctima puede saber que el delito quedó grabado. Puede identificar el establecimiento, el edificio o la vivienda donde está instalada la cámara; incluso puede conocer la hora exacta de los hechos; sin embargo, nada de eso garantiza que consiga oportunamente una copia.

Aparece, entonces, una carrera silenciosa entre la justicia y el sistema que comienza a borrar su propia memoria. El video de una cámara no reemplaza la investigación ni demuestra, por sí solo, la responsabilidad penal de una persona. Sí puede aportar información fundamental: rostros, placas, recorridos, horarios, prendas de vestir, vehículos utilizados o movimientos anteriores y posteriores al delito. Perder ese archivo puede significar perder una pista que nunca volverá a existir.

Cuando el video aparece, la investigación avanza

Colombia conoce numerosos casos en los cuales las cámaras de seguridad permitieron reconstruir desplazamientos, contrastar testimonios o identificar a quienes participaron en un delito. También conoce el escenario contrario: imágenes inexistentes, fragmentadas, borradas o entregadas tardíamente. En esos casos, la ausencia del registro se convierte en parte del misterio.

El nombre de Luis Andrés Colmenares aparece inevitablemente en esta conversación. En la investigación sobre la muerte del joven estudiante de la Universidad de los Andes, ocurrida en 2010, las cámaras, los recorridos y la falta de determinados registros alimentaron durante años preguntas, hipótesis y controversias judiciales. No afirmo que un video hubiera resuelto automáticamente aquel caso. Sería irresponsable hacerlo, pero la historia sí demuestra la importancia que puede adquirir una grabación cuando es necesario reconstruir los últimos movimientos de una persona.

Además, existe una dolorosa cercanía regional. Luis Andrés era hijo del guajiro Luis Alonso Colmenares. Deluque, autor de la iniciativa, también es guajiro. Más allá de esa coincidencia, el caso permite entender por qué preservar una imagen a tiempo puede resultar decisivo para una familia y para una investigación.

La paradoja de las dos cámaras

No soy enemigo de las cámaras de fotodetección. Lo he dicho antes: si un dispositivo está autorizado, bien señalizado y técnicamente sustentado, y, además, contribuye a reducir accidentes, muertos y heridos, cumple una finalidad legítima. Mi cuestionamiento comienza cuando la cámara parece funcionar principalmente como una caja registradora. En Comarca Literaria llevo años preguntando quién controla a quienes nos controlan y cuánto recibe cada participante en el negocio que rodea las fotomultas.

Ahora aparece otra pregunta: ¿por qué la imagen que sirve para cobrar parece viajar tan rápido, mientras aquella que podría esclarecer un crimen se queda atrapada entre trámites? La cámara es, esencialmente, la misma tecnología: observa, registra y conserva una escena. Lo que cambia es la reacción institucional.

Para castigar una infracción, la imagen encuentra ruta, funcionario, procedimiento, sistema de información y mecanismo de cobro. Para investigar el robo del celular, la agresión contra una mujer o la muerte de un joven, la víctima todavía puede terminar recorriendo oficinas y rogando que no borren el archivo. Esa contradicción explica el título de este artículo: fotomulta, ágil; videovigilancia, lenta.

Que la cámara también trabaje para la víctima

El proyecto de Deluque tendrá que pasar por el Congreso. Allí deberán precisarse las obligaciones de quienes administran las cámaras, los procedimientos de conservación y entrega, la protección de los datos personales y las garantías para evitar accesos arbitrarios. No todo puede resolverse entregando videos sin controles. Las grabaciones también contienen rostros, movimientos y aspectos de la vida privada de ciudadanos que no están relacionados con ningún delito; por eso, la agilidad debe convivir con reglas claras y con la intervención de las autoridades competentes.

Pero el propósito resulta razonable: impedir que la burocracia destruya, por simple paso del tiempo, una prueba que podría ayudar a identificar y judicializar al responsable de un crimen. Yo sé cuán eficiente puede ser el Estado cuando una cámara registra una infracción de tránsito. La fotografía aparece, el comparendo se carga, la deuda crece y el vehículo puede terminar afectado por un proceso de cobro.

Ojalá algún día el ciudadano encuentre esa misma diligencia cuando la cámara no lo está vigilando para sancionarlo, sino cuando se ha convertido en el único testigo capaz de ayudarle a buscar justicia.