Silvia Gette regresó a Uniautónoma: ¿quién pondrá el dinero para salvar la Universidad?

 Por John Acosta

Silvia Gette regresó a la rectoría de la Universidad
Autónoma del Caribe, una institución que enfrenta
un pasivo cercano a los 200 mil millones de pesos
 y mantiene abiertos interrogantes sobre la financiación
 de su plan de salvamento.

Me prometí no volver a hablar de la Universidad Autónoma del Caribe. Después de sentirme desterrado de Barranquilla, separado de mi hogar y apartado del trabajo al que había dedicado buena parte de mi vida, quería cerrar definitivamente ese capítulo. No pude hacerlo. El inmenso cariño que le tomé a la Universidad, los estudiantes que pasaron por mis aulas y las batallas que he dado por su recuperación no me dejan cumplir aquella promesa. Cada vez que su futuro vuelve a estar en riesgo, también vuelve mi obligación de preguntar.

Y hoy tengo muchas preguntas. Silvia Gette Ponce regresó a la rectoría de la Universidad Autónoma del Caribe. Su retorno, derivado de una orden de restablecimiento de derechos, provocó un nuevo sacudón institucional. También generó pronunciamientos de organizaciones sindicales y profesorales; sin embargo, la discusión no puede limitarse a determinar si Gette tenía derecho a regresar. Tampoco debe quedarse atrapada en su controvertido pasado judicial. La pregunta decisiva es otra: ¿cuál es el plan para salvar financieramente a una Universidad cuyo pasivo, según la Asociación de Profesores, se acerca a los 200 mil millones de pesos?

Si Silvia Gette rechazó la oficialización y defiende que Uniautónoma conserve su naturaleza privada, debe explicar quién aportará el dinero necesario para rescatarla.

Sí, apoyé a Ramsés Vargas

No voy a esconder mis posiciones anteriores. Todas permanecen publicadas en este blog y cualquiera puede consultarlas. En octubre de 2013 escribí “En pie de lucha, para defender a la Universidad Autónoma del Caribe”. En aquel momento consideré que Ramsés Vargas podía ayudar a proteger la institución frente a intereses que entonces me causaba temor identificar con nombres propios. Cinco años después, participé en las protestas que exigieron su salida.

La contradicción existe y la reconozco; sin embargo, no cambié por conveniencia. Cambié porque los hechos que tenía delante también cambiaron. La administración, que en un principio percibí como una posible defensa, terminó convertida, según las evidencias que conocimos, en otro capítulo doloroso de la crisis. En febrero de 2018 comenzó la serie que hoy reúne 61 artículos (62 con el presente) sobre Uniautónoma. Esas primeras entregas muestran que mi ruptura con Ramsés Vargas no apareció de un día para otro. Fue el resultado de observar, preguntar, contrastar y acompañar una protesta que reunió a docentes, estudiantes y trabajadores.

Yo también me equivoqué con Ramsés, pero mi compromiso nunca fue con él, sino con la Universidad.

El voto de confianza que retiré a Molinares

Algo parecido ocurrió con Mauricio Molinares. En agosto de 2020 publiqué “La ingrata, urgente y loable misión del rector de Uniautónoma”. Allí consideré que la reducción de gastos podía resultar inevitable. Una Universidad que había perdido miles de estudiantes no podía sostener indefinidamente una nómina diseñada para una población mucho mayor. Reconocer esa realidad financiera no significaba apoyar atropellos laborales.

Mi posición tenía condiciones: exigía un estudio técnico, diálogo con los trabajadores, protección para quienes estaban cerca de pensionarse, indemnizaciones justas y vigilancia efectiva del Ministerio de Educación. No concedí una autorización moral para suspender trabajadores de manera indefinida. Tampoco respaldé que el temor a quedarse sin salario se convirtiera en un mecanismo para aceptar retiros presentados formalmente como voluntarios.

Por eso, en agosto de 2022, publiqué “¿Qué pasa en la Uniautónoma de Mauricio Molinares?”. Para entonces, la realidad ya contradecía las expectativas iniciales. Las matrículas continuaban cayendo. Persistían los atrasos laborales y de seguridad social. Además, centenares de trabajadores habían sido suspendidos. La reducción de gastos no había producido la recuperación prometida. En diciembre de ese mismo año escribí “Triste Navidad y turbio Año Nuevo, en Uniautónoma: ¿por qué no se ha ido Mauricio Molinares?”. Ya no se trataba de un distanciamiento prudente. Pedía su salida.

Me equivoqué al confiar en que aquella administración cumpliría lo esperado. Lo reconozco sin vergüenza. La obligación de un periodista no consiste en defender eternamente su primera opinión. Su deber es corregirla cuando la evidencia la desmiente.

Las carpetas que llegaron al Ministerio

La ruptura con Molinares no se basó solamente en inconformidades personales. En septiembre de 2022 analizamos la resolución mediante la cual el Ministerio de Educación ordenó abrir una investigación preliminar por posibles irregularidades relacionadas con la administración de Uniautónoma. La apertura de una investigación no equivalía a una declaración de culpabilidad, pero demostraba que las denuncias merecían una actuación formal.

Luego apareció otro elemento. Nicolás Ávila, quien había sido secretario privado del entonces ministro Alejandro Gaviria, reconoció que sostuvo tres reuniones con Nicolás Petro. Según su relato a La FM, en el tercer encuentro recibió una carpeta sobre presuntos hechos de corrupción en la Universidad Autónoma del Caribe. La reunión habría ocurrido el 22 de agosto de 2022 en el apartamento de Nicolás Petro. También habría participado Adelina Covo, suegra de Armando Benedetti.

Nunca se estableció públicamente quién llevó las carpetas. Tampoco quedó demostrado que Nicolás Petro hubiera protegido a Molinares. En mis artículos planteé esa posibilidad como una hipótesis política, no como una verdad judicial. La pregunta legítima era otra: si el Ministerio recibió información tan delicada, ¿por qué la crisis continuó sin una solución contundente?

En marzo de 2023, Sintrauac divulgó apartes de un informe de inspección y vigilancia. Según ese documento, la auditoría encontró posibles irregularidades en la contratación. El informe hablaba de contratos sin pólizas, ausencia de minutas e informes de supervisión, servicios contratados que podían ejecutar trabajadores de la institución y objetos contractuales similares con valores diferentes. También cuestionaba algunos gastos publicitarios y contratos cuyo desarrollo no aparecía suficientemente explicado.

Eran hallazgos sujetos a investigación, no condenas; no obstante, fortalecían las dudas sobre la administración y aumentaban la responsabilidad del Ministerio.

Un Gobierno cuestionado nombró después a Jorge Senior

En 2023 también cuestioné al Gobierno de Gustavo Petro por la forma como el Ministerio de Educación había manejado la crisis. Primero señalé la pasividad durante la administración de Alejandro Gaviria. Después cuestioné a Aurora Vergara porque, en mi opinión, tampoco produjo la solución que la Universidad necesitaba; por eso, es equivocado afirmar que, posteriormente, apoyé a Jorge Senior.

Senior fue nombrado por el mismo Gobierno cuya actuación frente a Molinares había criticado. No tenía razones para convertir su designación en un nuevo acto de fe. Mi posición fue distinta: apoyé la oficialización, no a Jorge Senior. Esa diferencia es fundamental. Respaldar a una persona significa confiar en sus capacidades y entregar expectativas a su gestión. Apoyar una fórmula institucional significa considerar que ofrece mejores herramientas para afrontar una crisis. Nunca sostuve que Senior fuera el salvador. Sostuve que la Universidad necesitaba una solución más grande que cualquier rector.

El precio personal de aquella lucha

Mi enfrentamiento con la administración de Molinares tuvo consecuencias que todavía afectan mi vida. Después de participar en la protesta contra Ramsés Vargas, quedé entre los trabajadores no sindicalizados llamados a negociar su retiro. La alternativa que percibí era terrible: aceptar el acuerdo o quedar suspendido sin saber cuándo volvería a recibir salario. La Universidad ofrecía la liquidación, una indemnización, una beca para un familiar en primer grado y, en el caso de algunos docentes, la posibilidad de recibir horas cátedra. En mi caso, esa última promesa solo se cumplió durante el semestre siguiente.

Más adelante se cerraron oportunidades laborales en Barranquilla. En una universidad recibí buenas evaluaciones de los estudiantes, pero no continué. En otra alcanzaron a entregarme correo institucional y acceso a la plataforma. Dos días después, reversaron la posible vinculación. No puedo probar que Mauricio Molinares llamara personalmente a cerrarme esas puertas. Sí puedo contar lo que viví.

Un antiguo alumno, convertido en directivo de otra institución, me lo dijo sin rodeos: no podía vincularme porque yo criticaba con dureza a Molinares. En otra ocasión, un amigo me pidió que no asistiera a un acto suyo dentro de Uniautónoma porque mi presencia podía causarle consecuencias. Así terminé lejos de Barranquilla, separado de mi hogar y obligado a reconstruir mi vida laboral mediante el regreso al periodismo.

Por eso escribí en marzo de 2024 “¿Me desterró Mauricio Molinares de Barranquilla?”. El título era una pregunta porque no tenía una prueba judicial de una orden de destierro; sin embargo, el daño laboral, familiar y emocional sí formaba parte de mi realidad.

Por qué apoyé la oficialización

En julio de 2025 publiqué “El porqué la oficialización es el camino más viable para la Universidad Autónoma del Caribe”. Mi razonamiento partía de una realidad difícil de ignorar: una universidad privada con un pasivo gigantesco y numerosos conflictos internos difícilmente encontraría un inversionista dispuesto a arriesgar semejante capital; en aquel momento, circulaban estimaciones que situaban el déficit acumulado alrededor de los 160 mil millones de pesos. Hoy, Asoprofesuac habla de una deuda cercana a los 200 mil millones.

¿Cuál de esas cifras corresponde al pasivo real? Esa es una de las primeras respuestas que debe entregar la administración. También consideraba que una nueva reducción drástica de personal podía ocasionar otro conflicto laboral y perjudicar a centenares de familias. Las suspensiones y desvinculaciones anteriores ya habían demostrado que los trabajadores terminaban soportando buena parte del peso de la crisis.

El Estado, en cambio, tenía mayor capacidad financiera, jurídica e institucional para sanear la Universidad y garantizar su continuidad. No apoyé la oficialización porque confiara en Senior. La apoyé después de comprobar el fracaso de Ramsés Vargas, Mauricio Molinares y la intervención intermitente del Ministerio. Mi fidelidad nunca fue con un rector. Mi fidelidad ha sido con la Universidad Autónoma del Caribe.

Silvia Gette rechazó la oficialización

Antes de volver a la rectoría, Silvia Gette se pronunció contra la posible estatización. Su posición fue clara: Uniautónoma nació como una institución privada y debía conservar esa naturaleza. Esa postura es legítima dentro del debate; sin embargo, obliga a presentar una alternativa. Si el Estado no asumirá el rescate y la Universidad continuará siendo privada, ¿de dónde saldrán los recursos?

No tengo pruebas para afirmar que Gette carezca del dinero. Tampoco puedo sostener que exista un filántropo o inversionista oculto detrás de su regreso; precisamente, por eso, pregunto: ¿existe un plan de capitalización? ¿Hay inversionistas interesados? ¿Quiénes son? ¿Cuánto aportarían? ¿Qué recibirían a cambio? ¿Cómo se pagarán las acreencias laborales, la seguridad social y las demás obligaciones? ¿Qué ocurrirá con el proceso de oficialización estudiado durante 2025?

Un particular, por más filantrópico que sea, tendría que explicar por qué arriesgaría una fortuna en una institución endeudada, con matrículas insuficientes y atravesada por tantos conflictos. No se trata de prejuzgar el regreso de Gette. Se trata de pedirle que explique cómo piensa resolver aquello que utilizó como argumento para rechazar la oficialización.

La paradoja judicial del regreso

El retorno de Silvia Gette contiene una paradoja institucional imposible de ignorar. La exrectora cumplió una condena por soborno relacionada con el intento de conseguir que un testigo cambiara su versión dentro de la investigación por el homicidio de Fernando César Cepeda Vargas. Ese proceso no debe confundirse con el expediente por el asesinato. Son actuaciones judiciales diferentes.

Fernando Cepeda estaba casado con María Paulina Ceballos, hija del fundador de la Universidad, Mario Ceballos Araújo. La Fiscalía vinculó a Gette como presunta determinadora del homicidio. Ella siempre negó esa acusación y afirmó que fue víctima de un montaje. La condena que Gette cumplió fue por soborno. Dentro de esa actuación, la Universidad Autónoma del Caribe fue reconocida como víctima.

Por eso, el regreso no puede presentarse como un simple relevo administrativo. Gette volvió a dirigir la misma institución que fue reconocida como víctima dentro del proceso penal por el cual ella ya cumplió una condena. Ese antecedente no anula automáticamente sus derechos. Tampoco permite desconocer una decisión judicial de restablecimiento, pero sí impone mayores exigencias de transparencia, explicación y control.

El abogado de ayer es el presidente de hoy

Existe otro elemento que convierte esta historia en un asunto nacional. Antes de llegar a la Presidencia de la República, Abelardo de la Espriella representó a María Paulina Ceballos, viuda de Fernando Cepeda. Desde esa posición, sostuvo públicamente que Silvia Gette debía responder como presunta determinadora del homicidio. La precisión jurídica es importante: De la Espriella no fue fiscal del caso. Actuó como abogado de la viuda y tuvo una posición profesional abiertamente contraria a Gette.

Años después, la representación de María Paulina pasó a otro abogado; sin embargo, el antecedente permanece. Ahora, el antiguo abogado de la viuda de Fernando Cepeda es presidente de Colombia. Su Gobierno, por medio del Ministerio de Educación, ejercerá funciones de inspección y vigilancia sobre la Universidad que Silvia Gette vuelve a dirigir.

No puedo afirmar que exista automáticamente un impedimento jurídico. Eso dependerá de las decisiones concretas y de las competencias que deba ejercer el presidente; no obstante, el antecedente exige transparencia. ¿Participará Abelardo de la Espriella en decisiones relacionadas con Uniautónoma? ¿Informará públicamente aquella relación profesional? ¿Su Gobierno retomará el proceso de oficialización o lo descartará? ¿Qué garantías tendrá Gette de que las decisiones serán imparciales? ¿Qué garantías tendrá la comunidad universitaria de que la antigua confrontación no interferirá en la vigilancia estatal?

La independencia debe protegerse en las dos direcciones.

Los trabajadores vuelven a denunciar

El regreso de Gette ya produjo un choque con sectores sindicales y profesorales. El 3 de septiembre de 2026, Sintrauac, Sintraunicaribe, Osiautónoma y la CUT Atlántico denunciaron públicamente que habían recibido información según la cual a varios trabajadores les solicitaron desafiliarse de sus organizaciones sindicales. El comunicado atribuyó esas actuaciones a la administración de Silvia Gette y anunció acciones legales. Las organizaciones exigieron que cesara cualquier solicitud, presión o condicionamiento dirigido a promover la desafiliación.

Se trata de una denuncia sindical que debe investigarse y sobre la cual la Rectoría tiene derecho a responder. El documento no prueba, por sí solo, cada uno de los hechos señalados; no obstante, su gravedad exige una explicación inmediata. La Asociación de Profesores de la Universidad Autónoma del Caribe, Asoprofesuac (a la que, orgullamente, contribuí a fundar), también expresó preocupación por el estilo de gobierno. Su comunicado reconoció un hecho positivo: la administración había priorizado el pago de salarios y normalizado los pagos quincenales durante los dos meses anteriores.

Ese reconocimiento es importante y debe conservarse. La objetividad también consiste en registrar lo que mejora; sin embargo, la Asociación advirtió que los ingresos por matrículas no resultaban suficientes para mantener esa periodicidad; asimismo, señaló que persistían deudas de salud, seguridad social e incrementos salariales pendientes desde enero de 2026. Asoprofesuac estimó el pasivo en una cifra cercana a los 200 mil millones de pesos y sostuvo que la nómina consume, aproximadamente, el 80 por ciento de los ingresos.

También cuestionó nuevos nombramientos justificados en el derecho de la rectora a trabajar con personas de confianza. Según la Asociación, aumentar la nómina mientras disminuyen los ingresos agravaría el desequilibrio. Al mismo tiempo, manifestó que el regreso de Gette fue recibido inicialmente con confianza y esperanza. Esa afirmación también debe destacarse: ni siquiera el comunicado profesoral nació de un rechazo automático.

El periodo de gracia, según Asoprofesuac, empezó a deteriorarse por decisiones que dividirían a los trabajadores entre confiables y sospechosos; además, la organización recordó que, durante una mesa de diálogo coordinada por el Ministerio del Trabajo el primero de julio, se asumió el compromiso de presentar en septiembre el plan contemplado dentro de las medidas de salvamento. Ya llegó septiembre. ¿Dónde está el plan?

Esta vez, primero deben llegar las respuestas

No escribo este artículo para afirmar que Silvia Gette viene a destruir la Universidad. Tampoco estoy dispuesto a aceptar, sin documentos, que regresó para salvarla. Ya cometí el error de entregar votos de confianza antes de conocer todos los hechos. Creí que Ramsés Vargas podía defender a Uniautónoma y después participé en la lucha para sacarlo. Consideré que Mauricio Molinares podía realizar una reorganización necesaria y, luego, denuncié las consecuencias de su administración. Defendí la oficialización, aunque nunca convertí a Jorge Senior en depositario de mi esperanza.

No reclamo infalibilidad. Reclamo el derecho y el deber de corregir una opinión cuando la realidad la desmiente. Ahora le corresponde a Silvia Gette hablar con claridad. ¿Cuál es el monto verdadero de la deuda? ¿Cuál es el plan financiero? ¿Quién aportará los recursos? ¿Qué condiciones impondrá? ¿Cómo protegerá a los trabajadores? ¿Qué garantías ofrecerá a los sindicatos? ¿Cómo recuperará las matrículas? ¿Qué hará para reconstruir la confianza académica? ¿Cuándo presentará el plan de salvamento prometido?

También deben responder el Ministerio de Educación, el Ministerio del Trabajo y el nuevo Gobierno. No basta con decidir quién ocupa la rectoría. Hay que explicar cómo sobrevivirá la Universidad. Después de trece años de crisis, varias administraciones, miles de estudiantes perdidos, trabajadores sacrificados y una deuda que se acerca a una cifra aterradora, Uniautónoma no necesita otro acto de fe.

Necesita dinero, transparencia, controles y un proyecto académico capaz de devolverle su prestigio. Silvia Gette ya regresó. Ahora falta saber quién pondrá el dinero para salvar la Universidad.