Elsa Noguera sacó de su escondite a los carros cazafotomultas: que la luz llegue a Valledupar

Mientras el Renault Logan de John Acosta continúa
 confinado bajo los árboles, la ministra de Transporte, Elsa
Noguera,  anuncia nuevas reglas para impedir
 que los carros cazafotomultas impongan comparendos
 sin un agente visible. La imagen es una composición
 elaborada con inteligencia artificial a partir de fotografías reales

El Gobierno les puso una regla elemental a los vehículos utilizados para detectar infracciones: si funcionan como apoyo de un control en la vía, deberán tener al lado un agente visible. La decisión confirma algo que llevo trece años preguntando: ¿las cámaras están para salvar vidas o para cazar bolsillos?

Por John Acosta

Mi Renault Logan continúa debajo de los árboles. No se ha movido, pero la discusión sobre las fotomultas, afortunadamente, sí. Hace menos de dos semanas escribí en esta misma Comarca Literaria que, mientras el Ministerio de Transporte comenzaba a mover las reglas de la fotodetección, mi carro seguía prácticamente confinado. Entonces, la ministra Elsa Noguera había anunciado que endurecería las condiciones para autorizar las cámaras y que el Gobierno prepararía una reforma al Código Nacional de Tránsito.

Aquello era una promesa. Desde este 11 de septiembre ya existe una decisión concreta. El Ministerio de Transporte expidió la Resolución 20263040036655 y les puso freno a los llamados “carros cazafotomultas”: vehículos dotados con cámaras que podían permanecer estacionados —y algunas veces escondidos— mientras captaban presuntas infracciones cuyos comparendos aparecían después.

A partir de ahora, cuando uno de esos equipos sea utilizado como apoyo de un control en la vía, deberá estar presente un agente de tránsito, visible e identificado. Ese agente tendrá que operar directamente el dispositivo, identificar la infracción y expedir el comparendo.Dicho de una manera menos jurídica: ya no debería existir un carro agazapado detrás de un árbol, un muro o cualquier recoveco, tomando fotografías como quien espera que el ciudadano caiga en una trampa.

La ministra dijo exactamente cuál era el problema

En el video divulgado por la Presidencia, Elsa Noguera formuló una explicación que resulta difícil controvertir:

“Estos carros se escondían para detectar infracciones, pero no ayudaban a que los conductores redujeran la velocidad. Eso no salva vidas, solo busca recaudar”.

Ahí está resumida buena parte de la discusión que algunos ciudadanos llevamos años planteando. Si el propósito del control es evitar un accidente, el conductor debe saber que se aproxima a un lugar peligroso. Debe ver la señal, conocer el límite de velocidad y advertir la presencia de la autoridad. La finalidad debería ser conseguir que levante el pie del acelerador antes de que atropelle a alguien, no tomarle una fotografía después para enviarle una cuenta.

Un vehículo escondido puede producir muchas multas. Lo que difícilmente puede demostrar es cuántas vidas salvó en el momento de la supuesta infracción. La fotografía acredita que el automóvil pasó. El dinero entra después. Pero el riesgo que supuestamente se quería prevenir ya ocurrió. Por eso, tiene sentido que la autoridad sea visible. El uniforme, el vehículo oficial o el puesto de control cumplen también una función preventiva: anuncian que existe vigilancia y obligan al conductor a corregir inmediatamente su comportamiento.

El problema nunca ha sido únicamente la tecnología. El problema aparece cuando la tecnología deja de ser una herramienta para proteger la vida y termina convertida en una caja registradora con cámara.

Primero pusieron la lupa; ahora expidieron la resolución

Esta historia ha avanzado rápidamente. El 25 de agosto escribí que el presidente Abelardo De La Espriella había puesto la lupa sobre las fotomultas, después de la controversia provocada por la proliferación de cámaras en la Vía al Mar. Cuatro días más tarde conté que quería reducir hasta en un 50 % el valor de las multas y revisar los costos, cursos y negocios surgidos alrededor del sistema.

Ese mismo día, Elsa Noguera anunció que el Ministerio de Transporte prepararía una reforma integral al Código y endurecería mediante resolución los requisitos aplicables a la fotodetección. Ahora apareció la primera materialización de aquellas palabras. La nueva resolución deroga la Circular 867 del 24 de diciembre de 2025. Según el Ministerio, aquella circular terminó confundiendo dos figuras diferentes: las cámaras automáticas de fotodetección y los dispositivos tecnológicos utilizados, simplemente, como apoyo de los agentes durante los controles viales.

Esa confusión habría permitido que algunos vehículos equipados con cámaras detectaran infracciones y generaran, posteriormente, comparendos sin contar con la autorización exigida para los sistemas automáticos. El Gobierno decidió trazar nuevamente la línea. Si el equipo es una ayuda tecnológica dentro de un operativo en la vía, debe existir un agente visible que lo opere y expida el comparendo. Si la cámara funciona autónomamente y genera la evidencia para una validación posterior, entonces, deberá cumplir todas las exigencias de un sistema automático de fotodetección.

No puede cambiar de naturaleza según la conveniencia de quien la utiliza.

Mucho cuidado: no desaparecieron todas las fotomultas

Aquí debo hacer una precisión porque las celebraciones apresuradas suelen viajar más rápido que las resoluciones. El Gobierno no eliminó las fotomultas. Tampoco estableció que desde hoy todo comparendo electrónico sea ilegal. Mucho menos ordenó borrar automáticamente las sanciones que aparecen en el SIMIT.

Las cámaras automáticas pueden continuar funcionando. Para hacerlo deben contar con autorización previa de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, justificación técnica, ubicación habilitada, señalización visible y los demás requisitos establecidos por la normativa. La diferencia consiste en que un vehículo no puede presentarse como simple apoyo tecnológico de un agente cuando, en la práctica, funciona como una cámara automática escondida y genera comparendos para revisarlos después.

Si opera como apoyo en la vía, el agente debe estar allí. Si opera autónomamente, tiene que someterse a todas las reglas de la fotodetección. Parece elemental, pero en Colombia necesitamos resoluciones para aclarar hasta lo elemental.

¿Y qué significa esto para Valledupar?

La nueva decisión no suspende automáticamente las tres cámaras instaladas en Loperena, La Viña y Los Manguitos. Esos equipos se presentan como sistemas fijos de fotodetección y, por tanto, pertenecen a la modalidad automática, no a la de carros utilizados como apoyo en operativos móviles. Eso significa que pueden continuar funcionando si cuentan con las autorizaciones correspondientes, conservan la señalización exigida, operan dentro de las condiciones aprobadas y cada evidencia es revisada por un agente competente antes de expedir el comparendo.

Sin embargo, que la resolución no las suspenda tampoco significa que la ciudadanía deba limitarse a confiar ciegamente. La Alcaldía de Valledupar y su Secretaría de Tránsito deberían publicar, de manera sencilla y accesible, la autorización de cada punto, su vigencia, la justificación técnica que determinó la ubicación, las estadísticas de siniestralidad utilizadas y el procedimiento completo mediante el cual se valida cada registro.

También deberían responder unas preguntas que ya formulé en artículos anteriores: ¿cuántos accidentes ocurrían en esas intersecciones antes de instalar las cámaras?, ¿cuántos se han presentado después?, ¿cuántas conductas peligrosas disminuyeron?, ¿cuántos comparendos se han producido? y ¿cuánto dinero ha recaudado el sistema?

Si, únicamente, conocemos la cifra del recaudo y jamás aparecen los resultados de seguridad vial, la sospecha ciudadana seguirá siendo legítima.

La Superintendencia tendrá que vigilar de verdad

La resolución también ordena al SIMIT no registrar órdenes de comparendo producidas por estos vehículos cuando no se cumplan las condiciones establecidas. Además, la Superintendencia de Transporte deberá vigilar a las autoridades locales e investigar el uso irregular de los dispositivos. Este punto es especialmente importante para el Cesar.

Valledupar ya aparece dentro de una investigación relacionada con más de 35.000 comparendos electrónicos impuestos entre el 15 de marzo de 2024 y el 14 de agosto de 2025. Según la Superintendencia, durante ese periodo el organismo de tránsito no habría contado con uno de los requisitos técnicos exigidos para la operación. Lo he dicho antes y debo repetirlo: la investigación no equivale todavía a una decisión definitiva. Esos comparendos no pueden declararse anulados simplemente porque exista una actuación administrativa abierta.

Pero el antecedente demuestra que la vigilancia no es una exageración. Cuando un sistema tiene la capacidad de producir decenas de miles de obligaciones económicas, embargos y procesos de cobro, cada autorización, fecha, validación y notificación debe poder examinarse. La tecnología no puede convertirse en una zona oscura dentro del Estado.

Mi carro continúa allí, pero ahora tengo otra pregunta

En agosto conté que sobre mi vehículo llegaron a pesar medidas provenientes de ocho organismos de tránsito de la Costa Caribe. La deuda rondó los nueve millones de pesos y, después de varios pagos, quedó reducida aproximadamente a la mitad.

También relaté que entregué alrededor de 2,4 millones de pesos a una oficina de tramitología de Valledupar porque me ofrecieron resolver buena parte del problema mediante una reducción del 50 %. Pasaron los plazos prometidos, no apareció el resultado y terminé preguntando públicamente si pretendían “avionarme” el dinero. Después llegaron los anuncios del Gobierno, la revisión nacional, la propuesta de reducir las multas y el compromiso de endurecer las reglas de las cámaras.

Ahora les llegó el turno a los carros cazafotomultas. Mi caso personal no demuestra que todas las cámaras sean ilegales ni que cada multa que pesa sobre mi vehículo deba desaparecer. Algunas pueden estar correctamente impuestas y tendré que pagarlas. Eso solamente podrá saberse revisando los expedientes, las fechas, las autorizaciones, las notificaciones y los procesos de cobro.

Pero mi carro sigue recordándome algo: una infracción nunca es apenas una fotografía. Después de la imagen vienen el comparendo, la sanción, el cobro, los intereses, el posible embargo, los tramitadores, los abogados y la desesperación de quien necesita recuperar su vehículo. Por eso, exigir que el procedimiento comience dentro de la legalidad no significa defender a los infractores. Significa defender el debido proceso.

Sacaron los carros del escondite; ahora falta iluminar el sistema

Celebro la decisión de Elsa Noguera. Un control visible puede prevenir una infracción. Un carro escondido espera que ocurra para c
omenzar a cobrarla. Pero la resolución será realmente importante si se cumple en las calles y no solamente en el papel. La Superintendencia deberá identificar dónde funcionan estos vehículos, qué autoridades los utilizan, cuántos comparendos han producido y si sus operaciones cumplen las condiciones legales.

También tendrá que impedir que el mismo esquema continúe mediante disfraces administrativos. De nada serviría llamar “apoyo tecnológico” a una cámara que en realidad opera autónomamente. Tampoco bastaría con poner a un agente cerca del vehículo para simular su presencia, mientras el equipo registra infracciones que serán procesadas posteriormente como si se tratara de un sistema automático.

El agente debe ser visible. Debe operar el dispositivo. Debe identificar la conducta. Y debe expedir directamente el comparendo. La ministra afirmó que las cámaras deben ayudar a prevenir, no simplemente a sancionar. Estoy de acuerdo. Tanto, que llevo trece años escribiendo sobre el asunto. Ahora quiero ver esa filosofía aplicada en Valledupar, Codazzi, Barranquilla, Puerto Colombia y cada lugar donde una cámara haya producido más dinero que explicaciones.

Los carros cazafotomultas ya no deberían esconderse. Falta saber si las autoridades locales están dispuestas a mostrarnos todo lo demás.