¿Piensan ‘avionarme’ en Valledupar el dinero de las fotomultas?

Por John Acosta

No sé todavía si me quieren “avionar” la plata. Y precisamente porque no lo sé, formulo la pregunta en lugar de hacer una acusación. Lo que sí sé, porque tengo cómo demostrarlo, es que hace dos meses entregué cerca de 2,4 millones de pesos a una oficina de tramitología de Valledupar para resolver parte de una deuda por fotomultas que me tiene prácticamente escondiendo mi propio carro desde hace más de un año.

La historia parece uno de esos círculos perversos que se empeñan en perseguirlo a uno. Hace casi trece años escribí en esta misma Comarca ¡Quién podrá salvarnos del voraz apetito de los comparendos electrónicos en Barranquilla!. Entonces, tenía cuatro comparendos que descubrí cuando fui a tramitar el reemplazo de una placa que había perdido.

Trece años después sigo escribiendo sobre fotomultas. Solo que ahora el problema es bastante más grande.

Ocho organismos de tránsito llegaron a embargar mi carro

Sobre mi vehículo llegaron a pesar medidas de embargo originadas en ocho organismos de tránsito de la Costa Caribe por obligaciones relacionadas con fotomultas. La cuenta total rondaba los nueve millones de pesos.

No estoy diciendo que todas esas multas sean ilegales. Tampoco pretendo presentarme como un conductor que jamás ha cometido una infracción. De hecho, durante este tiempo he ido pagando las obligaciones hasta reducir aproximadamente a la mitad aquella deuda.

El problema es lo que ha significado hacerlo. Mi carro permanece guardado desde hace más de un año en una casa de campo. Nadie lo tiene decomisado físicamente. Lo tengo yo. Pero sobre él han pesado las medidas que me hacen temer que cualquier día, si salgo tranquilamente a la carretera y aparece un procedimiento de tránsito, termine inmovilizado por alguno de esos procesos.

Así que tengo carro, pero prácticamente no tengo carro. Y esta situación ayuda a entender por qué alrededor de las multas de tránsito ha crecido todo un universo de abogados, gestores, tramitadores y oficinas que ofrecen soluciones a ciudadanos desesperados por salir de esos problemas. Yo terminé tocando una de esas puertas.

“Le conseguimos el 50 %”

Después de los pagos que he venido realizando, la deuda quedó reducida a aproximadamente 4,6 millones de pesos, distribuida actualmente entre tres organismos de tránsito. Hace unos dos meses llegué a una oficina de tramitología de Valledupar buscando una salida.

Allí me ofrecieron conseguir un descuento del 50 % sobre lo que todavía debía. Pregunté cuánto demoraba el procedimiento. Un mes, me dijeron inicialmente.

Les expliqué que un mes me parecía demasiado porque necesitaba volver a utilizar mi vehículo cuanto antes. Entonces, vino una nueva promesa: tratarían de tenerlo listo aproximadamente en una semana.

Acepté. Si debía 4,6 millones y ellos conseguían que las autoridades redujeran la obligación a la mitad, había que disponer de unos 2,3 millones de pesos para pagar las multas. Les transferí ese dinero.

Además, pagué 100.000 pesos por sus honorarios. En total, alrededor de 2,4 millones de pesos salieron de mis manos. Eso ocurrió hace dos meses.

Y las multas siguen ahí

Pasó una semana. Nada. Pasaron dos. Nada. Pasó el mes que originalmente me habían dicho que podía tardar el trámite. Nada. Y ya han transcurrido, aproximadamente, dos meses y la deuda sigue apareciendo prácticamente como estaba.

Aquí comienzan las preguntas. ¿Qué trámite se hizo con mi dinero? ¿Ante cuáles organismos de tránsito se presentó? ¿Existe alguna solicitud radicada? ¿Existe algún acuerdo de pago? ¿Existe alguna resolución que reconozca la prometida reducción? ¿En qué disposición jurídica se sustentaba ese descuento del 50 % que me ofrecieron? ¿Los 2,3 millones destinados supuestamente al pago permanecen todavía en poder de la oficina? ¿Dónde están?

No son preguntas caprichosas. Son las preguntas que puede hacer cualquier persona después de entregar semejante cantidad de dinero para un servicio que, dos meses después, no aparece materializado.

Entonces, pedí que me devolvieran la plata

Hace aproximadamente una semana me cansé de esperar. Si no podían realizar el trámite que me ofrecieron, la solución me parecía elemental: devuélvanme el dinero.

No estoy pidiendo que me entreguen algo que no sea mío. Tampoco estoy pidiendo que hagan desaparecer mágicamente las multas. Estoy reclamando los recursos que entregué para una gestión que, hasta este momento, no se ha reflejado en mis obligaciones.

Desde entonces me han dado largas. Que espere. Que ya casi. Que están resolviendo. Que se va a solucionar. Y yo continúo sin el trámite y sin los recursos que entregué para hacerlo.; por eso, hago pública esta historia.

No estoy diciendo que me hayan robado

Quiero hacer esta precisión con toda claridad porque una cosa es contar hechos y otra muy diferente convertir una sospecha en una sentencia. **No estoy afirmando que esa oficina se haya robado mi dinero. **Estoy diciendo algo comprobable: entregué, aproximadamente, 2,4 millones de pesos dentro de una gestión relacionada con mis fotomultas; me hablaron primero de un mes y después de aproximadamente una semana; han pasado alrededor de dos meses; la deuda no refleja el resultado que me ofrecieron y, después de pedir la devolución, todavía no tengo nuevamente el dinero en mis manos.

Esa es la historia hasta hoy. Y esa historia merece una explicación. También quiero saber algo más: ¿de dónde salía exactamente aquel descuento del 50 %?

Las reducciones de las multas de tránsito no dependen de la voluntad de un tramitador. La legislación establece condiciones, oportunidades y procedimientos para acceder a determinados descuentos. También existen mecanismos formales para suscribir acuerdos de pago.

Por eso, no basta con decirle a un cliente: “yo se la consigo por la mitad”. Hay que explicar cómo.

De Barranquilla a Codazzi y ahora hasta mi propio bolsillo

Tal vez por eso esta experiencia personal me resulta todavía más irritante. Durante años he venido escribiendo sobre el funcionamiento de estos sistemas. Primero fue aquella historia de 2013 en Barranquilla. Después publiqué Hasta cuándo el lío de las fotomultas en Codazzi, cuando miles de comparendos y los cuestionamientos alrededor de las cámaras de detección pusieron a protestar a buena parte de la comunidad.

Hace pocos días volví sobre el asunto en Si MinTransporte frenó las ‘excesivas’ fotomultas en la Vía al Mar, ¿por qué no pone la lupa en Valledupar y el Cesar?

Y apenas este 25 de agosto publiqué Abelardo pone la lupa sobre las fotomultas: trece años después, la pregunta sigue siendo la misma, después de que el Gobierno anunciara una revisión del funcionamiento y legalidad de estos sistemas en el país.

Yo pensaba que estaba escribiendo sobre un problema público. Resulta que también estaba escribiendo sobre mi propio carro.

El negocio que nace alrededor del problema

Hay algo que debería examinarse cuando se estudie el fenómeno de las fotomultas en Colombia y que pocas veces aparece en las estadísticas oficiales. No existe solamente el dinero que recaudan las multas.

También existe toda una economía que crece alrededor del ciudadano multado: cursos, abogados, asesores, tramitadores, acuerdos, cobros, levantamientos de medidas, consultas y oficinas que prometen ayudar a solucionar lo que para una persona común puede convertirse en un laberinto administrativo.

Cuando alguien tiene su vehículo comprometido por varias autoridades de tránsito, comienza a buscar desesperadamente quién le resuelva. Y la desesperación es pésima consejera para gastar dinero.

Uno termina pagando porque quiere volver a manejar su carro. Porque necesita venderlo. Porque necesita hacer un trámite. Porque teme que se lo inmovilicen. Porque no entiende cómo defenderse ante organismos ubicados a cientos de kilómetros de distancia.

Ahí aparece el intermediario. Por eso esa actividad también necesita transparencia.

Quiero saber dónde está mi dinero

Por ahora, no publicaré el nombre de la oficina, ni de la persona que me ha atendido. No porque esta historia no pueda contarse, sino porque quiero distinguir una reclamación personal de una denuncia periodística. Quiero dejar documentado el procedimiento, obtener todos los soportes posibles y permitir que quienes intervinieron expliquen qué hicieron durante estos dos meses con la gestión que les encargué.

Si hubo un trámite, que me muestren el trámite. Si hubo solicitudes, que me entreguen los radicados. Si existe jurídicamente el descuento prometido, que me expliquen cómo funciona. Si pagaron alguna obligación, que me entreguen los comprobantes.

Y si, finalmente, no pudieron hacer aquello por lo cual recibieron el dinero, que expliquen qué ocurrió con esos recursos. Eso es todo.

Aunque, pensándolo bien, no es poco. Hace trece años terminé aquel primer artículo preguntándome quién podía salvarnos del voraz apetito de los comparendos electrónicos.

Después pregunté quién vigila las cámaras. Ahora apareció una nueva pregunta que jamás pensé que terminaría formulando: ¿quién vigila a quienes cobran por sacarnos del lío en el que nos metieron las fotomultas?

Mientras encuentro la respuesta, mi carro sigue guardado. Y yo sigo esperando saber dónde están mis 2,4 millones de pesos.