La autonomía no está sobre la ley: Uniautónoma pone a prueba a Abelardo

Por John Acosta

Anoche, el presidente Abelardo de la Espriella pronunció una frase que trasciende el problema de la violencia en las universidades y que, inevitablemente, me llevó a pensar en la Universidad Autónoma del Caribe:

“La autonomía universitaria no está por encima del orden público, ni significa autonomía en materia de orden público ni convierte a los campus en territorios sustraídos de la Constitución, de la ley o de la autoridad legítima del Estado”.

El mandatario hizo esta afirmación al anunciar un protocolo para permitir la intervención de las autoridades cuando dentro de las universidades se presenten hechos de violencia, flagrancia, vandalismo, terrorismo o alteraciones extraordinarias del orden público. Ese anuncio ya lo abordamos en otra publicación; por eso, no quiero volver sobre la discusión acerca del ingreso de la Policía a los campus universitarios. Aquí me interesa la premisa que Abelardo colocó antes de anunciar esa medida: la autonomía universitaria no convierte a ninguna institución en un territorio separado de la Constitución, de la ley ni de la autoridad legítima del Estado.

Si ese principio es válido, debe serlo en toda su dimensión. Debe aplicarse cuando hay violencia, por supuesto, pero también cuando una institución de educación superior atraviesa una crisis financiera, administrativa o laboral que puede afectar los derechos de sus profesores, trabajadores, estudiantes y acreedores. Y existe una universidad que permitirá comprobar si esas palabras constituyen una verdadera doctrina de gobierno o fueron apenas la introducción de una política de seguridad: la Universidad Autónoma del Caribe.

No estoy pidiendo que la Policía entre a Uniautónoma

Debo establecer una diferencia fundamental. No estoy comparando la situación de Uniautónoma con los actos violentos a los que se refirió el presidente. Tampoco estoy solicitando el ingreso de la Policía a sus instalaciones. Una crisis administrativa o financiera no se enfrenta con escuadrones ni con medidas de fuerza. Mi inferencia es otra. Si la autonomía universitaria no puede utilizarse para impedir la actuación legítima del Estado frente a hechos de violencia, tampoco debería convertirse en un escudo para paralizar la inspección y vigilancia que la Constitución y las leyes asignan al Gobierno.

La Universidad Autónoma del Caribe es una institución privada, pero esa naturaleza jurídica no la coloca por fuera del sistema educativo colombiano. Mucho menos la sustrae de las facultades estatales de inspección y vigilancia. La Ley 1740 de 2014 le entregó al Ministerio de Educación herramientas para proteger la continuidad y calidad del servicio educativo, el debido manejo de las rentas institucionales y los derechos de la comunidad universitaria. Esas facultades no eliminan la autonomía. Delimitan el espacio dentro del cual debe ejercerse.

La autonomía permite a las universidades gobernarse y desarrollar su proyecto académico. No les concede licencia para ignorar la legislación laboral, administrar sin controles los recursos institucionales o poner en peligro la continuidad del servicio educativo.

La pregunta que quedó abierta con el regreso de Silvia Gette

En el artículo anterior pregunté quién pondrá el dinero necesario para salvar a la Universidad Autónoma del Caribe. La pregunta sigue sin respuesta. Silvia Gette regresó a la rectoría como consecuencia de una orden de restablecimiento de derechos. Ese hecho le permitió recuperar una posición institucional, pero no explica cómo se resolverá la crisis financiera acumulada durante años. Según la Asociación de Profesores, el pasivo de la Universidad se acerca a los 200 mil millones de pesos. Hasta donde se conoce públicamente, no se ha presentado un inversionista dispuesto a aportar semejante capital. Tampoco se ha identificado a un benefactor, una entidad financiera o un grupo económico que haya asumido el compromiso de sanearla.

Gette ha manifestado su oposición a la oficialización y ha defendido la permanencia de Uniautónoma como institución privada. Está en su derecho de sostener esa posición; sin embargo, rechazar una alternativa obliga a explicar cuál es la solución que la reemplazará. ¿De dónde saldrán los recursos? ¿Cómo se cubrirán las obligaciones acumuladas? ¿Qué plan garantizará la continuidad académica y laboral? ¿Qué sacrificios se les pedirán a los trabajadores? ¿Quién asumirá el riesgo financiero?

La autonomía universitaria no responde ninguna de estas preguntas. Tampoco puede utilizarse para evitar que las autoridades las formulen.

Abelardo conoce el nombre de Silvia Gette

En este punto aparece una circunstancia que hace particularmente delicada la actuación del nuevo Gobierno. Abelardo de la Espriella no conoce el nombre de Silvia Gette únicamente porque ahora ocupa la Presidencia de la República. Lo conoció mucho antes, durante el proceso relacionado con el asesinato del ganadero Fernando Cepeda Vargas. Informaciones periodísticas de la época registraron a De la Espriella como abogado de María Paulina Ceballos, viuda de Cepeda e hija de Mario Ceballos Araújo, fundador de la Universidad Autónoma del Caribe. En ese proceso, la Fiscalía vinculó a Gette como presunta determinadora del homicidio.

Debo reiterar una precisión esencial: Silvia Gette no fue condenada por ese asesinato. Su antecedente penal corresponde al soborno de un testigo, condena que ya cumplió. No sería correcto presentarla como responsable judicial de un homicidio por el cual no existe condena en su contra. También es necesario recordar que aquel proceso atravesó cambios, contradicciones y decisiones que modificaron sustancialmente las hipótesis iniciales; precisamente por esa complejidad, no se puede simplificar su historia para convertirla en un arma política.

Pero tampoco puede borrarse el hecho de que el actual presidente participó profesionalmente, desde la representación de una de las partes, en aquella confrontación judicial. Esa relación previa no prueba por sí sola que exista un impedimento jurídico para que el Gobierno ejerza sus competencias sobre Uniautónoma. Tampoco demuestra que Abelardo vaya a utilizar el poder presidencial contra Gette. Lo que sí crea es un deber político reforzado de transparencia e imparcialidad.

Ni persecución contra Gette ni abandono de la Universidad

El presidente se encuentra ante una prueba difícil. Si su Gobierno interviene en los asuntos de Uniautónoma, Gette podría sostener que existe una retaliación relacionada con la antigua actuación profesional de Abelardo. Si el Gobierno se abstiene de ejercer una vigilancia rigurosa, la comunidad universitaria podría preguntarse si la autonomía volvió a convertirse en una excusa para dejar que la crisis continúe; por eso, cualquier decisión deberá estar sustentada en documentos, competencias claramente identificadas y procedimientos verificables.

No se trata de que Abelardo decida personalmente el futuro de Silvia Gette. Se trata de que las entidades competentes —en especial el Ministerio de Educación— actúen con independencia técnica y sin recibir instrucciones destinadas a favorecerla o perseguirla. Gette tiene derecho a que el Estado no convierta el pasado profesional del presidente en una sentencia política; pero los profesores, trabajadores, estudiantes y acreedores también tienen derecho a que ese pasado no produzca el efecto contrario: una especie de prudencia paralizante que deje a la Universidad abandonada a su suerte.

La imparcialidad no consiste en no actuar. Consiste en actuar con pruebas, dentro de la competencia legal y sin motivaciones personales.

Lo que debería ordenar el Gobierno

Si el presidente quiere demostrar que su afirmación sobre la autonomía constituye un principio y no solamente un recurso retórico para justificar intervenciones policiales, su Gobierno debería garantizar una inspección técnica, integral e independiente sobre la situación de Uniautónoma. Esa revisión tendría que establecer, entre otros asuntos:

• El monto real y actualizado de las obligaciones de la institución.

• El estado de los pagos laborales y de seguridad social.

• La viabilidad financiera del regreso de la actual administración.

• El origen de los recursos con los cuales se pretende sostener la Universidad.

• El cumplimiento de los compromisos adquiridos con profesores y trabajadores.

• Las medidas previstas para proteger la continuidad académica de los estudiantes.

• La existencia y viabilidad de un verdadero plan de salvamento.

No estoy afirmando que estas verificaciones demostrarán la comisión de delitos. Tampoco estoy asegurando que la administración actual carezca de un plan. Lo que sostengo es que la gravedad de la crisis exige respuestas documentadas y no simples declaraciones de confianza. Los sindicatos han denunciado que recibieron información sobre posibles presiones dirigidas a lograr la desafiliación de trabajadores. Esa denuncia debe investigarse, pero no puede presentarse como un hecho probado mientras no existan evidencias y decisiones de las autoridades competentes.

De la misma manera, la Asociación de Profesores ha reconocido avances recientes, como la normalización de algunos pagos quincenales; sin embargo, también ha advertido sobre obligaciones pendientes y sobre la insuficiencia de los ingresos institucionales. La vigilancia estatal debe examinar tanto los avances como los riesgos. No debe partir de la presunción de que todo está bien ni de la conclusión anticipada de que todo está mal.

Mi posición sobre la oficialización no depende de un rector

He defendido la oficialización de Uniautónoma porque considero que el Estado tiene una capacidad financiera, jurídica e institucional mucho mayor para encabezar su recuperación. No adopté esa posición para respaldar a Jorge Senior. Él fue designado por el Gobierno de Gustavo Petro, el mismo Gobierno cuya actuación frente a Mauricio Molinares cuestioné en varias oportunidades. También apoyé inicialmente a Ramsés Vargas y, cuando los hechos me mostraron una realidad distinta, participé en las protestas que reclamaron su salida. Más tarde respaldé la misión de Mauricio Molinares y después me aparté públicamente de su administración.

No me avergüenza reconocer esos cambios. Una opinión seria no consiste en permanecer atado eternamente a la primera impresión. Consiste en revisar la posición cuando aparecen nuevos documentos, nuevas actuaciones y nuevas consecuencias. Por esa misma razón, no apoyo la oficialización porque confíe ciegamente en un Gobierno o en un rector. La apoyo porque no veo cómo un particular podría asumir un pasivo cercano a los 200 mil millones de pesos, mantener la operación universitaria y resolver tantos conflictos internos sin exponer su propio capital a un riesgo extraordinario.

Si Silvia Gette tiene una solución privada viable, debe presentarla. Si existe un inversionista, debe conocerse quién es y cuáles son sus condiciones. Si hay un plan financiero, debe poder examinarse. Y, si no existe nada de eso, la comunidad universitaria tiene derecho a saberlo antes de que el tiempo vuelva más profunda la crisis.

Uniautónoma será la medida de sus palabras

Abelardo afirmó que los campus universitarios no son territorios sustraídos de la Constitución, la ley o la autoridad legítima del Estado. Estoy de acuerdo. Ahora corresponde comprobar si ese criterio se aplicará solamente cuando haya encapuchados, explosivos o ataques contra la fuerza pública, o si también servirá para proteger a una comunidad universitaria atrapada durante años en una crisis administrativa, financiera y laboral.

Uniautónoma pondrá a prueba dos obligaciones del presidente. La primera será garantizar una vigilancia estatal eficaz sobre una institución que presta un servicio público esencial. La segunda será impedir que su antigua relación profesional con una de las partes del conflicto contamine las decisiones de su Gobierno. No sería aceptable utilizar el poder estatal para perseguir a Silvia Gette. Tampoco sería aceptable abandonar a la Universidad para evitar que alguien formule esa acusación.

La prueba no consiste en determinar si Abelardo puede enviar la Policía a una universidad. Consiste en saber si su Gobierno ejercerá una vigilancia eficaz sobre Uniautónoma sin convertir su antigua confrontación profesional con Silvia Gette en persecución ni utilizar la autonomía como excusa para la indiferencia.

Presidente Abelardo de la Espriella: usted mismo acaba de decir que la autonomía universitaria no está por encima de la ley. La Universidad Autónoma del Caribe espera que lo demuestre.