Mineducación ordena investigar a actuales directivos de Uniautónoma del Caribe

Izquierda: Mauricio Molinares, rector de la Universidad
Autónoma del Caribe; derecha: Antonio Prada, vicerrector 
administrativo y financiero de la misma institución

Por John Acosta

El inusual correo llegó el 10 de junio a todos lo empleados de la Universidad Autónoma del Caribe. En él se informaba sobre la realización de unos “exámenes ocupacionales periódicos” de “obligatorio cumplimiento” para todos los empleados de la institución, “incluyendo docentes y catedráticos”. Se realizaron del 13 al 24 de ese mes. Como es natural suponer, en medio de pagos de nómina atrasados y del no pago de las prestaciones sociales, el oneroso contrato para estos “exámenes obligatorios” despertó las suspicacias de los trabajadores. “Con ese dinero, se hubieran puesto al día en el pago de nuestras EPS”, me decían; obviamente, ese no es el único contrato que se critica en los pasillos de la universidad.

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Es común escuchar, por ejemplo, que la mayoría de esos contratos favorecen a amigos, familiares o empresas de un alto funcionario de la universidad. “La empresa contratista de las obras civiles, el taller donde arreglan los vehículos, la compañía del mantenimiento de los aires”, menciona una fuente de la universidad que pidió no revelar su nombre: obviamente, corresponde a la Subdirección de Inspección y Vigilancia del MEN determinar la veracidad de estas afirmaciones.

La misma fuente dijo que “ya se terminó de liquidar la compañía de corredor de seguros creada por Ramsés Vargas y se fue; así que es bueno saber qué se hicieron los 50 millones de pesos que habían en sus cuentas y que debían ser utilizados para pagar los impuestos que debía esta firma a la Dian. Esto fue solicitado en el plan de Mejora”. Otro asunto que se supone deberá establecer el designado (o designada) inspector(a) del MEN.

Es bueno que el designado por el MEN determine cuántos contratos de prestación de servicios tiene la universidad y por qué monto. Y lo más importante: quiénes son esos contratistas. Hay una pregunta generalizada entre los empleados de la universidad y que deberá aclarar el designado por el MEN: ¿es cierto que se han arreglado a trabajadores (despedidos sin justas causas: llamadas “salidas voluntarias”, que tratamos en el artículo de opinión publicado cuatro días antes de que el MEN emitiera la resolución de apertura de investigación preliminar) con la sola intención de ingresar bajo esa figura (prestación de servicios) a familiares de los directivos con honorarios más elevados de lo que se pagaba al trabajador “arreglado”?

Reaccionó el Ministerio de Educación Nacional

Lo cierto es que el el Ministerio de Educación Nacional (MEN) reaccionó, por fin, frente a lo que está pasando en la Universidad Autónoma del Caribe. Si no lo hacía, podría incurrir en una gravísima omisión (aunque cayó en eso durante la administración de Ramsés Jonás Vargas Lamadrid y no pasó nada). Lo hizo cuatro días después de que en este blog publicáramos un artículo de opinión sobre la enorme crisis por la que atraviesa la muy querida Universidad Autónoma del Caribe y el último día hábil antes de dejar el cargo la titular de ese Ministerio, María Victoria Angulo: ordenó la apertura de investigación preliminar al rector actual, Mauricio Javier Molinares Cañavera, a su vicerrector administrativo, Antonio Prada Castellanos “y a cualquier persona que ejerza o haya ejercido la administración y/o el control de las Institución de Educación Superior”. No era para menos.

Resulta que el 22 de junio de 2022, la inspectora insitu designada por la ministra “radicó un informe de seguimiento a las medidas de inspección y vigilancia impuesta a la Universidad Autónoma del Caribe, donde pone de presente presuntas irregularidades en el componente financiero que pueden llegar a comprometer la prestación del servicio público en condiciones de calidad y continuidad”, de acuerdo a la Resolución 015716, del 5 de agosto de 2022.

Además, en la evaluación integral que se le hizo a la muy querida Universidad Autónoma del Caribe, “se indica presuntos incumplimientos en el pago de las obligaciones de forma oportuna, circunstancias que podrían poner en riesgo la prestación del servicio educativo de educación superior en condiciones de calidad y continuidad”, según la misma resolución.

La apertura de investigación preliminar contra el rector y su vicerrector administrativo se hace “con el fin de establecer si incurrió en alguna falta o vulneración a las disposiciones constitucionales, legales, reglamentarias y/o estatutarias que regulan la prestación del servicio público de educación superior”, se lee en dicha resolución.

Gustavo Petro, presidente de Colombia; Alejandro Gaviria,
ministro de Educación

El MEN necesita “verificar las posibles infracciones a las normas de educación superior”. Para ello, designó a Ema Consuelo Coronel Fuentes, con cédula de ciudadanía del municipio de Santo Tomás, en el departamento del Atlántico. Coronel Fuentes es profesional especializada de la Subdirección de Inspección y Vigilancia del MEN: ella no alcanza a imaginar siquiera, la enorme expectativa y esperanza que ha despertado en los empleados, estudiantes y egresados de la Universidad Autónoma del Caribe. Todos están seguros de que no los decepcionará.

Obviamente, el actual ministro de Educación, Alejandro Gaviria, debe tomar cartas en el asunto. No solo Barranquilla, sino la costa Caribe en general se lo agradecerían eternamente. Es evidente que las cosas no están bien en esta querida universidad. Y no puede haber culpables distintos a quienes llevan las riendas de la institución; por tanto, premiarlos dejándolos en sus cargos, no solo es una ofensa a la moral y a la ética, sino a los mismos empleados, que merecen, ahora sí, ver la luz al final del túnel.

Aquí puede ver (y leer, si lo desea) los más de 50 artículos publicados en este blog sobre la crisis de la Universidad Autónoma del Caribe