Por
John Acosta @Joacoro
Es imposible dejar de sentir el
sabor agridulce en el alma, cuando uno ve la efectividad del denominado Plan Diamante por medio del cual el
gobierno del presidente Iván Duque implementa su promesa de campaña El que la hace la paga.
Las constantes noticias de
capturas de grandes capos de violentos grupos delincuenciales, sean guerrilleros
o de bacrim (a propósito, la gente del común no nota la diferencia entre uno y
otro) producen, por supuesto, una enorme tranquilidad en los habitantes de este
martirizado país; sin embargo, esa sensación de alivio se desvanece entre los
más de mil empleados de la Universidad Autónoma del Caribe porque la eficiencia
demostrada en apresar asesinos, no se ve en la caída de destacados ladrones de
cuello blanco; concretamente, quisiéramos que esa agilidad del Ejército y la
Policía para poner en buen recaudo a los culpables de homicidios se refleje
también en el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía General de
la Nación para encarcelar a quienes desfalcaron a nuestra universidad y, con
eso, nos sometieron a vivir las más crueles y degradantes situaciones durante
dos interminables años.
Es cierto que, con la nueva
rectora, nombrada por la última ministra de Educación del gobierno pasado,
estamos en un proceso de recuperación financiera que nos ha mejorado la
situación a los trabajadores de la Universidad Autónoma del Caribe.
Precisamente, exigimos que, gracias al éxito evidente de este plan económico,
no pase al olvido la mortificante impunidad de la cual gozan los culpables del
robo descarado a nuestra prestigiosa institución educativa; es decir, en este
caso no se ha aplicado la promesa de campaña del presidente Duque: los que nos la
hicieron aún no la han pagado.
Ya no podemos seguirle rogando
al actual fiscal general, Néstor Humberto Martínez, que haga justicia: lo venimos
haciendo en la mitad de los 13 artículos que hemos escrito sobre esta desgracia
que nos atormenta. Y no se ha obtenido ningún eco por parte del fiscal ni de la
entidad administradora de justicia que él representa; incluso, hace tres meses
le dedicamos un artículo a la lentitud de este ente acusatorio para solicitar
la captura a los culpables del robo monumental a nuestra institución de educación
superior; ahí le exigimos que “no demore más el proceso y meta a la cárcel a
los culpables de nuestras desgracias y les confisque los bienes adquiridos con
la plata que se robaron”. El texto circuló por todas las redes sociales y
tampoco se obtuvo respuesta por parte del fiscal o de la Fiscalía, ni de forma
directa ni mucho menos a través de acciones que llevaran a la captura de los facinerosos.
También recordábamos cómo el
pasado 8 de marzo “hubo júbilo entre los empleados de la Universidad Autónoma
del Caribe al publicarse en los medios de comunicación una esperada noticia: Juez expide orden de captura contra Ramsés
Vargas, se leyó en las páginas web de importantes medios, como el diario
capitalino El Tiempo y la W Radio. La alegría de los trabajadores de la
universidad no tardó en pasar a la decepción, cuando el propio fiscal general,
Néstor Humberto Martínez, convocó a una rueda de prensa en la misma tarde de
ese día para decir que ‘La orden de captura no existe, y he confirmado con los
fiscales del caso’”.
El presidente Duque y el autor de este artículo |
Es un muy mal ejemplo que el fiscal
Martínez y la Fiscalía le están dando a los cerca de 8.500 estudiantes matriculados
actualmente en nuestra universidad. Nos queda muy difícil a los profesores la
formación en competencias ciudadana a estos jóvenes, cuando el mismo Estado les
ha incumplido en sus narices en un caso de vital importancia para ellos. La
sensación entre los estudiantes, docentes y administrativos de la Universidad
Autónoma del Caribe es que poderosos políticos de la costa en general y de
Barranquilla en particular están presionando para que se dilate el proceso en
contra de la empresa criminal que atentó gravemente en contra de la estabilidad
de una institución educativa con más de medio siglo de existencia. Y la
parsimoniosa actitud del ente acusador ante el caso, en nada ayuda para el
despeje de esta horrible impresión.
Reiteramos que quienes
apoyamos decididamente la candidatura de Iván Duque a la presidencia de
Colombia, que no fuimos pocos en la universidad, guardamos la esperanza de que
el presidente Duque presionará, a través del ministerio de Educación, para que
la Fiscalía y el mismo fiscal Martínez tomen pronto las decisiones necesarias
hasta lograr que quienes la hicieron en contra de nuestra universidad, la paguen.
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