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¿Por qué cuando Ordóñez destituyó e inhabilitó a más de una docena de congresistas parapolíticos no era guerrillero y cuando lo hace con Petro es ultraderechista?

Por John Acosta

¡Qué fácil solemos olvidar los colombianos, cuando la demagogia politiquera de izquierda remueve las fibras íntimas del sentimentalismo colectivo! El procurador Alejandro Ordóñez ha destituido e inhabilitado a más de 20 congresistas, la mayoría de ellos por parapolítica (es decir, a ultraderechistas) y, sin embargo, a nadie se le ocurrió tildarlo de guerrillero o de petrista o de polista. Tampoco nadie levantó su voz de protesta porque un funcionario administrativo (el procurador Ordóñez) haya destituido e inhabilitado a tantos funcionarios elegidos por voto popular. La razón es sencilla, aunque levante ampollas: las víctimas eran de derecha y no de la intocable izquierda.  No obstante, cuando investigó, procesó y culpó a dos líderes de izquierda, ahí sí se le armó la grande y ahora no lo bajan de uribista, cuando  el mismo Ordóñez ya había inhabilitado por 16 años al más prominente candidato uribista a la Presidencia.


Me da pena amargarles la histeria social del momento, a quienes, a la ligera y llevados por los discursos veintijulieros y trasnochados de la izquierda anclada al pasado (muy cercana, por cierto, al neomamertismo), despotrican ahora en contra del jefe del Ministerio Público. A continuación, la lista exacta de congresistas ultraderechistas destituidos e inhabilitados por el procurador Ordóñez, que son más de la mitad de todos los congresistas sancionados.

En marzo de 2010, la Procuraduría destituyó a la representante cordobesa Eleonora Pineda, inhabilitándola por 20 años para el ejercicio de cargos públicos. Con pocos días de diferencia, el Ministerio Público destituyó a la representante antioqueña Rocío Arias, inhabilitándola por 20 años. En diciembre de 2009, la Procuraduría destituyó casi simultáneamente a los senadores Luis Eduardo Vives y Dieb Maloof, así como a los representantes Alfonso Antonio Campo y Jorge Luis Caballero. A Luis Fernando Almario, la Procuraduría lo destituyó en octubre de 2012, inhabilitándolo para ejercer cargos públicos por 15 años. En diciembre de 2008, José del Rosario Gamarra y Salomón de Jesús Saade fueron destituidos por la Procuraduría: inhabilitado por 20 años, Gamarra; Saade fue inhabilitado por 10 años. En noviembre de 2012, fueron destituidos los representantes caldenses Enrique Barco y Dixon Tapasco, ambos inhabilitados para ejercer cargos públicos por 20 años. En diciembre de 2010, se destituyó al senador Miguel Alfonso de la Espriella, inhabilitándolo por 20 años para ejercer cargos públicos. La Procuraduría destituyó al senador Álvaro García, inhabilitándolo por 20 años. En noviembre de 2011, el senador Luis Alberto Gil fue destituido e inhabilitado por 20 años.

No leí ningún texto de connotados columnistas de derecha, como Plinio Apuleyo Mendoza o Fernando Londoño, en donde se acusara a Ordóñez de ultraizquierdista o guerrillero (que es casi lo mismo). No escuché de ningún político de derecha una frase ofensiva contra el procurador. Por supuesto, y por obvia razones, tampoco ningún columnista o político de izquierda criticó ni al procurador ni a la Procuraduría por esas acciones.

La batalla  disciplinaria no fue solo contra congresistas parapolíticos. Por el carrusel de la contratación en Bogotá fueron destituidos el representante Germán Olano (Partido Liberal) y el senador Iván Moreno (Polo Democrático). Olano fue inhabilitado por 12 años y Moreno por 20. Por irregularidades en la contratación fueron destituidos Jensy Acosta (Partido Conservador, 15 años de inhabilidad), Julián Mazeneth (PIN, 12 años de inhabilidad) y Amparo Arbeláez (Partido Liberal, 12 años de inhabilidad). Por concisión, fue destituido el senador Alirio Villamizar, del Partido Conservador, a quien inhabilitaron por 15 años. El senador Eduardo Merlano, de La U, fue destituido e inhabilitado por 10 años, tras un proceso disciplinario por tráfico de influencias.

"En los primeros días de octubre del 2010 el exsecretario de Presidencia Bernardo Moreno fue destituido e inhabilitado por 20 años para ejercer cargos públicos al demostrarse su responsabilidad por el caso de las chuzadas del DAS. Fue un severo golpe para una de las personas de mayor confianza del expresidente Álvaro Uribe Vélez", se lee en reciente artículo de la revista Semana. "El 19 julio del 2011, el jefe del Ministerio Público destituyó a uno de los candidatos con más futuro político de la órbita del uribismo, el exministro Andrés Felipe Arias. Fue inhabilitado para ejercer cargos públicos por 16 años", se lee, más adelante, en el mismo texto. 

Hasta que al pobre procurador le tocó investigar y procesar a Piedad Córdoba, de Marcha Patriótica, y a Gustavo Petro, de Progresistas. Juzguen ustedes.

Comentarios

  1. El aforismo jurídico romano, "Lex dura, sed lex" el cual se traduce como "La ley es dura pero es la ley", habría que explicitar para algunas personas, que la Ley es para todos, no importa el genero, el color, la religión, la orientación política o la posición social.
    El principio de igualdad implica que lo que sirve o afecta a algunos ciudadanos frente a la ley, se debe aplicar para todos, tanto si beneficia como que incrimine. Por lo tanto no puede haber Derechas procesadas, juzgadas, condenadas y purgando delitos e Izquierdas que pretendan blindarse en el argumento de que un funcionario del Estado no puede destituir a quienes han sido elegidos por voto popular. La historia reciente ha demostrado que senadores, gobernadores han sido destituidos e inhabilitados. Por lo tanto basados en el Principio de igualdad, no puede haber excepciones basados en la orientación política y en la capacidad de convocar manifestaciones en la plaza publica con la pretensión de reversar lo que la ley ya ha sentenciado, claro esta con sus distintas posibilidades de apelaciones del fallo.

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