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| Arriba: Armando Benedetti y Nicolás Petro |
“En dicha reunión, se me entregó una denuncia sobre presuntos hechos de corrupción en la Universidad Autónoma del Caribe. La carpeta con los documentos los radicaría oficialmente por correspondencia en el Ministerio”, le dijo Nicolás Ávila, secretario privado del entonces ministro de Educación Alejandro Gaviria, a La FM. Se trata de un tercer encuentro que se llevó a cabo, de acuerdo a lo que le informó Ávila a Santiago Ángel, periodista de La FM, el 22 de agosto de 2022 en el apartamento de Nicolás Petro en la capital del país, Bogotá. Lo extraño es que a esa reunión también asistió Adelina Covo, madre de Adelina Guerrero Covo, esposa de Armando Benedetti, embajador de Colombia en Venezuela y, para muchos, mano derecha de Gustavo Petro.
¿Quién llevó las carpetas a la reunión? ¿Nicolás Petro o Adelina Covo? ¿Qué papel jugó en esa reunión la suegra del embajador de Colombia en Venezuela, que es barranquillero? ¿Ha tenido que ver esa reunión con la atornillada de Mauricio Molinares en la rectoría de la Universidad Autónoma del Caribe, a pesar de los visibles malos manejos administrativos y financieros? Conocidos estos encuentros de Nicolás Petro con el Ministerio de Educación Nacional (MEN), sobre todo, este tercero, donde se entregaron las carpetas sobre “presuntos hechos de corrupción en la Universidad Autónoma del Caribe”, ¿dará, ahora sí, el MEN un trámite normal al proceso de recuperación de esta querida universidad, que debería incluir, indudablemente, la salida inmediata de Mauricio Javier Molinares Cañavera para acabar así con la última de las siete vidas del gato de la rectoría? Ojalá la Fiscalía General de la Nación y la Procuraduría General de la Nación coadyuven en esta investigación para que no sea solo flor del momento mediático.
Lo que podrían contener las carpetas
Sintrauac, uno de los sindicatos mayoritarios de la Universidad Autónoma del Caribe, sorprendió hoy con un comunicado urgente, en donde publican el último informe de inspección y vigilancia del MEN sobre los manejos administrativos y financieros en la rectoría de Mauricio Javier Molinares Cañavera.
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En él, el MEN informa que “con ocasión del informe presentado el día 21 de junio de 2022, por el Secretario General de la Universidad Autónoma del Caribe, en calidad de Jefe de Control Interno encargado, se encontraron una serie de presuntas irregularidades, en lo referente a la Gestión y Adquisición de bienes y contratación de servicios”.
En otra parte del documento que el MEN envió a Sintrauac, se señala que “el informe realizado por parte de la auditoria interna determinó, que de los contratos suscritos y auditados para el año 2021, ninguno de ellos contaba con póliza suscrita, así como tampoco se pudieron evidenciar los informes de supervisión, que permitiesen corroborar la labor de seguimiento al desarrollo normal de la ejecución contractual, para el año 2022, se mantuvo la misma situación, aunado a que de ningún contrato auditado se le aportó minuta”.
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¿Contrataciones fraudulentas?
De acuerdo al informe del MEN, el 13 de junio de 2022 la Universidad Autónoma del Caribe aportó un listado de 44 contratos a una visita a la institución por parte del equipo de Inspección in situ. En ellos, se encontraron serios hallazgos: contratación de prestación de servicios, cuando la universidad tiene personal para prestar esa misma función contratada; algunos “contratos auditados no cuentan con el lleno de requisitos establecidos en el Manual de Contratación, por lo que no se puede determinar cuál es la función de dicha contratación”; violación a la exigencia del MEN de “suspender gastos de publicidad onerosos priorizando el uso de los medios o plataformas de comunicación institucionales, en el entendido que la institución cuenta con una emisora propia de amplia difusión y de gran reconocimiento a nivel local en la ciudad de Barranquilla”; contratos idénticos, con valores distintos, “sin que se haga referencia de la diferencia de valores, tratándose del mismo objeto contractual”; contratos onerosos sobre los cuales “no se da ninguna clase de descripción sobre el desarrollo” de los mismos .
¿Qué viene ahora?
Aunque el informe señala, en su último párrafo, que “se dará traslado del presente informe a la Subdirección de Inspección y Vigilancia, para que, en el marco de su competencia, determine la necesidad de adelantar las actuaciones administrativas que sean del caso, por la presunta violación normativa que se logró evidenciar en el desarrollo de este”, es obvio determinar que el actual rector, Mauricio Molinares, y sus más cercanos colaboradores, no deben continuar en sus cargos, ni en la universidad. Y la salida de ellos debe ser inmediata.
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Por supuesto, la Fiscalía General de la Nación debe, además, llevar a la cárcel a los responsables del grave detrimento patrimonial a que ha sido sometida la Universidad Autónoma del Caribe en forma sistemática.
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