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Por
John Acosta
Ojalá tantas rasgadas de
vestiduras actuales por la deplorable situación que padecen los habitantes de
La Guajira sirvan para que los organismos de control del Estado y la misma
justicia castiguen, por fin, a los directos responsables de la escasez de agua
y de la desnutrición infantil que tiene a esta zona del país sumida en el caos.
Todo el mundo sabe que este drama se debe, exclusivamente, a los políticos
corruptos del departamento que han desaparecido, como por arte de magia, cinco
billones de pesos recibidos por La Guajira de las regalías del carbón, gas y
sal. Lo más dramático del caso, es que esos políticos, en vez de estar con
remordimiento de conciencia por lo que han causado sus fechorías, están boyando
de felicidad porque tienen la oportunidad de aumentar sus riquezas personales con
el dinero de emergencia que la nación ha destinado para enfrentar la crisis
humanitaria que ellos mismos provocaron.
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No entiende uno por qué ni
la Procuraduría, ni la Contraloría, ni la Fiscalía (ni ninguna de las “ías” de
este querido país) hayan sido capaces de condenar a estos políticos, encerrarlos
tras las rejas y obligarlos a que devuelvan el dinero robado, que no tienen
ningún pudor en mostrarlo a través de sus opulencias de pobres recién llegados
al submundo de los millonarios corrompidos. El proceso ni siquiera es difícil
para estas instituciones colombianas de vigilancia: basta tomar la lista de
gobernadores y alcaldes de elección popular (para abarcar un amplio período),
confrontar sus bienes antes y después de ocupar el cargo para determinar si el
fantástico y desmesurado aumento de las riquezas en algunos de ellos se
compensa con el sueldo mensual que recibió en su período de gobierno. Es que el
negocio de la corrupción en Colombia es tan bueno que los políticos inmersos en
este lodazal se hacen reelegir con el dinero robado para volver a substraer más
en una interminable y evidente puerta giratoria. La Guajira, lamentablemente,
no escapa a este desolador panorama; solo que en esta querida península, el
drama causado es un crimen de lesa humanidad: “Según datos del Instituto
Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), reportados por la Fundación Juan
Felipe Escobar, entre 2008 y 2013 murieron 4.151 niños, de los cuales un alto
porcentaje estaba en estado de desnutrición y sufría enfermedades prevalecientes
de la infancia”, informa el diario El Tiempo.
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Frente al dato anterior, la
periodista Salud Hernández-Mora escribe en su columna dominical titulada Los pozos de Santos: “En otros parajes
habría bastado para tumbar un gobierno o, al menos, un ministro. Aquí sirve
para que los políticos saquen pecho con limosnas de última hora”. Siempre me he
preguntado cómo hacen esos políticos corruptos para mirar a sus propios hijos a
los ojos sin sentir el más mínimo asomo de vergüenza: la historia se encarga de
mostrar que esos mismos hijos son los que remplazan a sus padres en los mismos
cargos de elección popular con las mismas mañas que sus progenitores.
“Pensar que a estas alturas
del paseo, después de los cinco billones que La Guajira ha recibido de las
regalías del carbón, gas y sal, tienen que mendigar unos carrotanques. Díganme
si no es para meterlos a todos presos, gobiernos local, regional y nacional,
por pecado de omisión en la muerte de los infantes”, escribe, con toda razón,
la periodista Salud Hernández-Mora en su mencionada columna. El problema es que
nuestras “ías”, como ya se dijo, no funcionan en este caso. Aquí es cuando uno
desea que todos esos funcionarios y exfuncionarios de La Guajira trabajaran con
Álvaro Uribe porque parece que es la única forma en que la politizada justicia
colombiana se vuelva eficiente para judicializar a un empleado público. De acuerdo a lo anterior, ya no hay esperanzas
de que los juzguen y los condenen, pues todos ellos apoyaron la reelección de
Juan Manuel Santos, como han apoyado a todos los presidentes en ejercicio, pues
el corrupto no tiene ideología diferente a la de quien le alimente con lentejas
o mermeladas su voraz apetito delincuencial. Queda la esperanza de la Corte
Penal Internacional, en donde podrán ser llevados por el genocidio que han
cometido con los niños de su propia tierra.
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Es posible que la excusa que
saquen a relucir ahora sea que la sequía
no es culpa de ellos sino de la naturaleza. Sin embargo, cinco billones de
pesos son más que suficientes para dotar a la Alta Guajira de plantas
desalinizadoras y pozos profundos suficientes para no pasar por el calvario que
padecen ahora. “Hay muchos países en la Tierra con climas semejantes que
sobreviven en condiciones buenas. Podrían imitarlos. Claro que deberían
comenzar por erradicar los ladrones del erario. Y no parece que quieran”,
concluye Salud Hernández-Mora en su columna.
Enlaces relacionados:
El gran problema de Colombia es la falta de justicia en todos los ordenes. Si hubiera justicia muchos mal llamados "padres de la patria" estarían encarcelados, purgando largas penas por el dolor y sufrimiento que le han causado a millones de colombianos.
ResponderBorrarLo que sucede en la guajira es una situación flagrante de injusticia, que clama al cielo por soluciones y castigo para los culpables.
Hasta ahora se está reglamentando la política de regalías.
ResponderBorrarDe manera tal que si se quiere ufructuar del erario. Debe hacerse a través de proyectos lo suficientemente sustentados y demostrar que se pueden ejecutar a cabalidad y mucha calidad
Usufructuar ok?
BorrarPara muchos votantes y líderes guajiros, esto era invisible. Santos sería la persona que volvería las regalías, acabaría el conflicto y no obstaculizaría las zonas fronterizas con Venezuela. Lastimosamente les salió el tiro por la culata, Santo creó el apocalípsis en nuestra amada Guajira,eso fue lo que hizo, no nos echemos mentiras, comenzando con el elefante blanco del cual una ves mencionó... sin ir más allá.
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