Comisión de Acusación de la Cámara, justicia para dos adultos mayores (2da parte)

Por John Acosta

Hay una enorme injusticia cometida contra dos personas de la tercera edad, que, hace 20 años, fincaron sus esperanzas en una inversión para disfrutar con tranquilidad una pensión digna; sin embargo, dos magistrados del Consejo de Estado, contrariando sendas sentencias de sus colegas de corporación, insisten en negarles, motivados quién sabe por qué extrañas circunstancias, el restablecimiento de la justicia a este par de amigos ingenieros. Ha sido tan carroñosa la actitud de los dos magistrados que los dos amigos se vieron obligados a acudir a una instancia superior en busca de que, por fin, la equidad y ecuanimidad prevalezca: le corresponde ahora a la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes restituirles lo perdido a esta bina de colombianos.

César Tulio Jaraba Yepes y Luis Alberto Olmos Mier se conocieron en Barrancabermeja, donde coincidieron por razones de la profesión que compartían: son ingenieros civiles. Y forjaron una gran amistad que, aún hoy, a pesar del tiempo y las injusticias que el estado ha cometido contra los dos, prevalece. Ambos decidieron juntar sus recursos para hacer una inversión con la que deberían pasar una vejez digna: compraron un terreno de uso industrial en Girón, Santander. Con tan mala suerte que el mismo año de la adquisición, y de una manera extraña, la alcaldía de ese municipio modificó el uso del predio a residencial y forestal.

Obviamente, esta determinación arbitraria (pues se tomó sin que se surtiera la etapa de consulta previa ni se reconociera indemnización por el cambio del uso del suelo del que fue objeto el lote) generó la depreciación del inmueble y la imposibilidad de enajenación. Para tratar de paliar en algo la enorme pérdida económica, Luis y César vendieron el lote a un precio muy por debajo del que costaría si la alcaldía de Girón hubiese mantenido el uso inicial del suelo.

Lo más decepcionante del caso (para César Tulio y Luis Alberto) es que el nuevo comprador se benefició con una repentina decisión del Concejo de Girón: devolvió al predio su uso original. Y el comprador obtuvo las ganancias que debieron haber disfrutado Luis y César.

Como era de suponerse, César y Luis presentaron acción de reparación directa contra el municipio de Girón y la Corporación de Defensa de la Meseta de Bucaramanga - CDMB para que se les declarara administrativamente responsables por los perjuicios derivados de la modificación en el POT. Y a los dos amigos les ha tocado vivir un auténtico calvario con las estaciones requeridas para obtener justicia: desde lo municipal, departamental y nacional.

El bochornoso juego de “ping pong” en el Consejo de Estado

Y en el Consejo de Estado, un magistrado les negó esa posibilidad en primera instancia. Otro magistrado, en una brillante reflexión, les devolvió a los dos ingenieros la justicia; sin embargo, otra vez se atravesó otro magistrado y, derrotado en su primer argumento, sacó otro traído de los cabellos. Y otra sentencia le restituye la dignidad al par de amigos, pero vuelven los dos magistrados enquistados en negar la posibilidad de imparcialidad y rectitud, no solo fallan en contra de César Jaraba y Luis Olmos, sino que, además, y para colmo de males, archivan el caso; es decir, les niega la posibilidad de volver a apelar.

• Aquí puede leer detalles del caso, publicado en enero de este año en este blog:
• El calvario de dos adultos mayores con Consejo de Estado para lograr justicia ante grave atropello de alcaldía de Girón, Santander (1ra parte)

¿Cuál es el motivo por el cual el magistrado Guillermo Sánchez Luque desacató la orden del Consejo de Estado, Sección Cuarta, juez de tutela de segunda instancia confirmada, la cual decidió que, en el término de 20 días, se “profiera una decisión de reemplazo que se ajuste a lo dispuesto en la parte motiva”? ¿Por qué el Magistrado Ponente no tuvo en cuenta ni una sola de las consideraciones de la sentencia, ni las del juez de tutela de primera instancia, ni las del juez de tutela de segunda instancia, siendo que, esas consideraciones del juez de tutela de primera instancia, fueron avaladas en su totalidad por el juez de tutela de segunda instancia?

Comisión de Acusación de la Cámara, a hacer justicia

A Luis Olmos y César Jaraba les queda en Colombia la opción de la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representes. Ya los dos adultos mayores, con el peso de sus canas y la convicción de que la razón les asiste, se dirigieron a esta corporación para que, por fin, se les haga justicia. Ojalá los honorables representantes que hacen parte de esta Comisión tomen en serio su trabajo y defiendan, como deben, al pueblo que los elige mediante el voto popular.

En el documento presentado a esta corporación, se lee: “Solicitud de intervención oportuna para intervenir en el conflicto jurídico entre los honorables magistrados ponentes del consejo de estado: Milton Chaves García y Martín Bermúdez Muñoz. Siendo la causa del conflicto, el proceder jurídico equivocado del magistrado ponente Guillermo Sánchez Luque y sus colegas de sala, quien incurrió en trece equivocaciones de orden jurídico en nuestro proceso, hecho este, muy particular, nada usual y muy significativo en un juez de la república. Esta solicitud se debe a una presunta violación a los derechos de mi defensa, quien por ley tiene derechos legales, dándose en mi sentir una denegación de justicia a ultranza”.

Estamos seguros de que haremos una tercera entrega con la buena noticia de que la Comisión de Acusación e Investigación de la Cámara de Representantes acogerá los argumentos claros y contundentes de los magistrados del Consejo de Estado que le han dado la razón a los ingenieros César Jaraba y Luis Olmos en su búsqueda de justicia, después de 20 años de esperarla.