Los reasentamientos por minería de El Hatillo, Boquerón y Plan Bonito, en el Cesar

Foto tomada de elheraldo.co

Por Fabio Esteban Barrera, experto en negociaciones de tierra para minería

Este es un tema con muchas aristas y, podríamos decir, no con un solo culpable: Hablar del mismo, es ser parte de una polémica y críticas de muchos y pareceres de otros. Pienso que el estado hizo bien en ordenar el reasentamiento de la comunidad de Plan Bonito, la cual recibía una contaminación, en oportunidades, por encima de los parámetros de la norma y estaba localizada en la línea de "La Rosa de vientos".

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Se equivocó la autoridad ambiental al incluir a Boquerón en la orden de reasentamiento, pues la contaminación mayor que tenía Boquerón, no era derivada de las minas, sino por el alto tráfico de vehículos en una carretera sin pavimentar, especialmente tractomulas, que, desde las minas de La Jagua y Norcarbón, transportaban carbón a los puertos carboníferos de Santa Marta.

Es cierto e indiscutible que la comunidad de El Hatillo, al igual que la del corregimiento de La Loma, están muy cerca de la mina, denominada también "El Hatillo", de propiedad hoy de CNR y de ello se derivan sus  afectaciones. También El Hatillo sufre una alta contaminación por parte de la empresa vecina, procesadora del fruto de la palma africana, denominada "Palmagro", con fuertes y permanentes olores nauseabundos en todo el caserío y que nadie menciona en este proceso de manejo de residuos del fruto.

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La voluntad de acuerdo de parte de las empresas fue demostrada en múltiples reuniones, con inversión social, presencia y costos y la atención y relación con la comunidad.

Lamentablemente, algunas intervenciones de personas y organizaciones no gubernamentales enemigas de la minería, por tratar de hacer difícil el proceso de acuerdo, lo dilataron por varios años, perjudicando notablemente a una comunidad con toda clase de necesidades. Un poco tarde, la comunidad se dio cuenta de ello y, en un acuerdo de consenso, firmó el PAR (Plan de Acción de Reasentamiento), hoy pendiente de ejecutar.

Durante el proceso de conversaciones, denominado "Plan de Transición", mientras se ejecuta el Reasentamiento definitivo, las empresas desarrollan un Plan Social, con ayudas para el bienestar de la comunidad, como: Mercados, Proyectos Productivos, algunas mejoras en viviendas, posibilidades de empleo, salud y educación, entre otros. Esto tiene un alto costo económico y humano y es importante mencionarlo.

Desafortunadamente, la intervención y participación del Estado, en todas sus funciones, es muy pobre y aparece en los momentos de coyuntura política, como los políticos en campaña electorales, con críticas hacia las multinacionales, señalándolas como los únicos culpables.

Es indiscutible que la minería genera impactos ambientales: decir lo contrario sería un error y también es cierto que lo ideal es minimizar esos impactos y realizar una minería bien hecha y sostenible. Y esto es parte de la responsabilidad y obligación, en primera instancia de las empresas, con el debido seguimiento de las entidades del Estado, en sus controles, llámense: Ministerio del Medio Ambiente, Corporaciones Ambientales, Agencia Nacional de Licencias Ambientales (ANLA), Agencia Nacional Minera (ANM), Contralorías, Procuraduría, gobiernos departamentales y municipales.

En otro orden, es bien conocido por todos, que los ríos en Colombia, poco a poco, en el tiempo, han perdido sus aguas, por múltiples razones, entre ellas: la incontrolable deforestación y el exceso del uso, en ciertos cultivos agrícolas y en esa zona, especialmente el arroz y la palma africana.

Se escuchan permanentemente críticas, como único culpable de la escasez de agua en el río Calenturitas a las Minas, sin mencionarse, la deforestación y el exceso de utilización por medio de canales y riegos de sus aguas, en palma africana y arroz, lo cual puede, fácilmente, apreciarse en el recorrido del río, cuyas corrientes se secan antes de llegar a las concesiones mineras.

Como resumen de lo anterior y de esta opinión, la gran pregunta es ¿de quién es la culpa de este problema social? ¿De las multinacionales, del Estado, de errores en el proceso por parte de líderes, políticos y ONG, de la falta de unas políticas claras que agilicen estos procesos?

Mientras tanto, las comunidades continúan a la espera y expectativa de una definición clara en este tema y pensando en su futuro incierto.