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¿El perdón social a las Farc sustituye su culpabilidad jurídica?

El perdón en Cartagena, Bojayá y La Chinita
Por John Acosta

Debo confesar que me sorprendió gratamente el máximo líder de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc), cuando en su discurso de firma de los acuerdos en Cartagena ofreció perdón a las víctimas de las acciones violentas de esta guerrilla cincuentenaria. Durante el proceso de diálogo en La Habana, los cabecillas de las Farc manifestaban siempre que ellos no tenían nada de qué arrepentirse y, por lo tanto, no ofrecerían perdón. A esto último es a lo que nos tenían acostumbrados la gente de Tirofijo, pues la dureza de este grupo armado fue lo que siempre afloró en los más de 50 años de vida revolucionaria. De manera que ver y escuchar esa tarde a Timochenko reconociendo sus errores y ofreciendo perdón por ellos es, por lo menos, refrescante para el alma. Vea aquí el perdón a Timochenko:



A eso hay que agregarle el acto de perdón que protagonizaron en la población de Bojayá, cuyos habitantes fueron víctimas de un ataque con cilindros bombas lanzados por esta guerrilla el 2 de mayo de 2002: unas 80 personas murieron al estallar un artefacto dentro de la iglesia del pueblo, donde se habían ido a refugiar del combate entre paramilitares y las Farc. El acto fue celebrado el jueves 29 de septiembre de 2016, tres días antes del plebiscito en donde los colombianos deben decidir si aprueban o no el acuerdo Santos-Timochneko. Mire aquí el acto en Bojayá:



Al momento de escribir estas notas, hoy 30 de septiembre, dos días antes del plebiscito, los líderes de las Farc se disponen ir al barrio La Chinita, de Apartadó, a protagonizar también un acto de perdón ante la comunidad asentada en este territorio, pues a las 2:30 de la madrugada del domingo 23 de enero de 1994, guerrilleros de las Farc abrieron fuego contra los asistentes al baile popular que disfrutaban los habitantes de ese sector del Urabá antioqueño, donde residían excombatientes del Ejército Popular de Liberación (EPL), grupo que se había desmovilizado tres años atrás: 35 personas desarmadas, entre las que había niños, murieron en esa incursión de las Farc. La fiesta había sido organizada con el fin de recoger dinero para los útiles escolares.

La masacre de Bojayá
Ahora, que no sean sinceros esos actos, que hacen parte del show mediático montado por el Gobierno de Juan Manuel Santos, en  complicidad con los hombres de Timochenko, para asegurar una aplastante victoria del Sí en el plebiscito que se votará en dos días. Es posible. No obstante, es innegable que se siente un cierto alivio espiritual ver a esos otroras altivos jefes guerrilleros haciendo el esfuerzo de parecer compungidos para que les crean su arrepentimiento y se acepte su solicitud de perdón. Hay que creerles. Y perdonarlos, por supuesto. La sociedad debe perdonarlos para que la catarsis comunitaria sea efectiva.

Pero una cosa es el perdón social y otra muy diferente es el perdón judicial. El perdón social lo otorga la víctima para ayudarse así misma a liberarse de ese lastre que la consume. El Estado, sin embargo, no puede otorgar el perdón judicial porque no debe desligarse de su responsabilidad obligatoria de garantizarles a sus ciudadanos la tranquilidad de una vida segura. Para lograrlo, debe evitar que una persona caiga en la tentación de transgredir, lo que se consigue con la amenaza perenne del castigo. Si, a pesar de ello, el individuo insiste y delinque, el Estado tiene que sancionarlo, no solo porque el delincuente se hizo acreedor de la condena, sino también porque es una forma de mostrarle a la sociedad que quien infringe la Ley será castigado. Esto ayuda también a persuadir a que no se cometan delitos porque se tiene la certeza de que habrá castigo. Así de claro es el contrato social.

No faltará quien diga, con razón, por supuesto, que una cosa diferente es el asunto durante un proceso de paz con una agrupación armada al margen de la Ley. De acuerdo. Se dirá, además, que un guerrillero no va a entregar las armas si sabe que va a ir a la cárcel. Ahí sí difiero. El proceso de paz no debe ser una zarza de impunidades. Por supuesto que no se está pidiendo aquí que se le concedan los mismo años de cárcel que al resto de los mortales; es decir, no se exige que se sometan a la misma jurisdicción de los delincuentes comunes. Pero sí debe juzgárseles y condenarlos por los delitos cometidos, así sea que la pena impuesta sea menor que la del resto de los mortales. Debe haber cárcel efectiva, no simbólica.

Una cosa es el perdón de la sociedad y otra muy diferente la obligatoriedad del Estado de castigar el delito.

El turco Mehmet Alí Agca disparó contra el Papa Juan Pablo II el miércoles 13 de mayo de 1981. En varias ocasiones, el Sumo Pontífice perdonó a su agresor; incluso, lo visitó en la cárcel. Sin embargo, nada de eso hizo que el Estado cumpliera su deber de imponer justicia y no liberó de pagar 19 años de cárcel. El Papa conoció a la madre y al hermano de Agca hasta que logró, al fin, que en junio de 2001 el presidente de Italia de entonces, Carlo Azeglio Ciampi, lo extraditara a Turquía. En ese país, fue puesto en libertad el 18 de enero de 2010. Vea aquí la visita de Juan Pablo II a Alí Agca:

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